El procurador general del Estado peruano, Daniel Soria, denunció al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por las reuniones que tuvo con la asesora empresarial Karelim López, las cuales presuntamente se habrían dado para beneficiar al Consorcio Puente Tarata III con la licitación de una obra de cientos de millones de soles.

Los supuestos delitos son los de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, que corresponderían a la misma investigación que ya se sigue contra López y el ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco.

La denuncia se formuló luego del allanamiento y registro personal de inmuebles y bienes que se realizara a ambos.

Según el procurador Soria, el artículo 117 de la Constitución no prohíbe que un presidente sea investigado mientras está en el ejercicio de sus funciones, por lo que solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que no suspenda la investigación una vez abierta.