Una reciente ley aprobada por el Congreso ha generado una fuerte polémica en el sector de las comunicaciones, debido a la obligatoriedad impuesta a los medios para ceder gratuitamente parte de su programación a campañas estatales.

La norma n.º 32351, publicada en el diario oficial El Peruano, modifica el artículo 46 de la Ley 30364 y establece que los medios de comunicación deben destinar el 10% de su espacio a contenidos informativos vinculados a la lucha contra la violencia hacia la mujer y el grupo familiar.

El texto legal indica que estos contenidos serán emitidos por televisión, radio, prensa escrita o plataformas digitales, y que deberán garantizar una perspectiva de defensa de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Sin embargo, esta medida ha sido vista con preocupación por varios comunicadores, quienes advierten que podría ser utilizada como un mecanismo de control por parte del Gobierno.

El periodista Diego Acuña calificó la ley como una iniciativa de carácter autoritario que recuerda prácticas del régimen de Juan Velasco Alvarado. “Esto es una expropiación sin compensación. Se abre una puerta peligrosísima de control de los medios privados. Esto es lo mismo que hacía Velasco”, expresó. Acuña llamó a los representantes del sector a unirse en rechazo de esta norma y exigir su derogación inmediata.

Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas, también criticó la ley al considerar que el Ejecutivo podría estar aprovechando la lucha contra la violencia de género para imponer propaganda disfrazada de contenido social. “Hay un riesgo evidente de instrumentalización. La violencia contra la mujer es un tema grave, pero no debe ser usado como pretexto para introducir contenidos oficialistas”, afirmó.

Desde el programa Panorama, su director Marco Vásquez advirtió que estas franjas gratuitas podrían comprometer la independencia editorial de los medios, abriendo la puerta a una narrativa impuesta desde el Gobierno. “No podemos descartar que esta campaña social esconda fines políticos en favor de la gestión actual. Esto afectaría gravemente la libertad de prensa”, sostuvo. El debate queda abierto mientras se espera la reacción del gremio periodístico y de las instituciones defensoras de la libertad de expresión.