En la legislatura que finaliza, ninguno de los nueve congresistas acusados de recorte salarial ha sido sancionado. Tres de los casos llegaron a la etapa de aprobación de los informes finales en la Comisión de Ética, pero las propuestas de sanción inicialmente severas fueron modificadas debido a la presión de la bancada de Alianza para el Progreso.

Estas propuestas de sanción leve fueron aprobadas en la comisión, pero aún deben someterse a una votación final en el Pleno del Congreso para hacerse efectivas.

Por otro lado, dos congresistas han empleado tácticas dilatorias para evitar el avance de las investigaciones en su contra. María Cordero Jon Tay, apartada de su bancada original, ha solicitado licencias médicas en dos ocasiones, lo que impidió la realización de audiencias en su caso. Sin embargo, no tuvo inconvenientes para emitir su voto en el pleno en otros asuntos.

Otro legislador, José Arriola, se benefició de una reconsideración presentada por su correligionario que resultó en abstenciones y dejó su caso en el limbo.

Además, hay cuatro casos pendientes debido al cese de sesiones de la Comisión de Ética. La elaboración del informe final en el caso de Katy Ugarte está pendiente, mientras que en el caso de María Acuña no se ha programado la audiencia. Las denuncias contra Hilda Portero y Edgar Tello se encuentran en la etapa de investigación preliminar.