Ante el paro nacional anunciado por los transportistas para el día 8 de noviembre, se llevó a cabo una reunión en la que estuvieron presentes Juan Silva, ministro de Transportes y Comunicaciones, Dina Boluarte, vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, y Aníbal Torres, ministro de Justicia, así como dirigentes de nueve gremios, incluyendo al dueño de la empresa Orión.

En la misma se acordó dar un duro golpe a la reforma del transporte que venía tratando de ordenar el caos vehicular que causa muertes, contaminación e impunidad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones prometió a los gremios de transportistas de Lima y Callao reestructurar la ATU y la Sutran, para lo que se daría la salida de María Jara y Patricia Cama de las jefaturas de ambas instituciones.

Asimismo, se ampliarán los permisos viales por diez años (hasta antes del acuerdo era por un año), se dará una amnistía para las papeletas y se devolverá el impuesto selectivo al consumo del diésel.

Los transportistas de pasajeros habrían suspendido la medida de fuerza, pero los dirigentes de los transportistas de carga señalaron que el paro nacional sigue en pie y que se está buscando dividir a los gremios.