El Ministerio de Defensa del Perú reafirmó que la adquisición de los aviones F-16 Fighting Falcon responde a una decisión planificada y financiada de manera responsable, orientada a fortalecer la defensa nacional y la vigilancia del espacio aéreo. A través de sus canales oficiales, el sector sostuvo que esta compra no compromete recursos destinados a áreas prioritarias como educación o salud.

Como parte de esta estrategia comunicacional, el Gobierno difundió una pieza informativa que busca aclarar cuestionamientos públicos bajo el formato de “mitos y verdades”. En ella se señala que el financiamiento de la compra está contemplado en la Ley de Endeudamiento 2025-2026, por lo que no implica recortes en otros sectores, y que el proceso no fue improvisado, ya que se inició en 2012 y ha pasado por distintas etapas de evaluación técnica hasta el 2026.

El material también rechaza versiones sobre presiones externas o intereses diplomáticos en la decisión, indicando que la selección respondió a criterios operativos y estratégicos propios del sistema de defensa. Asimismo, se enfatiza que el Perú mantiene una política defensiva y que la modernización de sus capacidades aéreas constituye una medida de disuasión, no una señal de preparación bélica.

Otro de los puntos abordados es el uso de estas aeronaves en tiempos de paz. Según el Mindef, los F-16 no solo cumplen funciones militares, sino también labores de vigilancia, control del espacio aéreo y lucha contra actividades ilícitas. Además, se precisa que las unidades adquiridas corresponden a la versión Block 70, con tecnología moderna, descartando que se trate de equipos de segunda mano.

Finalmente, el sector Defensa aseguró que el país mantendrá control soberano sobre el uso de estas aeronaves, desmintiendo que se requiera autorización de otros países para su operación. En ese contexto, el Gobierno reiteró que continuará impulsando decisiones orientadas a garantizar la seguridad nacional, bajo criterios técnicos y con responsabilidad fiscal.