El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) dispuso la creación de un grupo de trabajo sectorial temporal para revisar la legislación penal vinculada con la prescripción, el crimen organizado, la colaboración eficaz y la extinción de dominio. La medida fue establecida mediante la Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS, firmada por el ministro Ernesto Álvarez Miranda.

El grupo será presidido por el viceministro de Justicia e integrado por el viceministro de Derechos Humanos, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE y el director general de Asuntos Criminológicos, quien además ejercerá como secretario técnico. Sus integrantes desempeñarán funciones ad honorem y deberán instalar el grupo dentro de un plazo de cinco días hábiles.

La resolución establece que el grupo tendrá una vigencia de 30 días hábiles, con posibilidad de prórroga, y deberá presentar informes mensuales al titular del MINJUSDH. Como resultado de su trabajo, elaborará un informe de revisión integral de las normas analizadas y, de corresponder, formulará proyectos de ley para modificar el marco penal vigente.

Entre las normas que forman parte del debate se encuentran las leyes N.° 31751, 31990, 32108 y 32107, algunas de las cuales han sido cuestionadas por sectores que las califican como favorables al crimen. Sin embargo, el abogado Dino Carlos Caro Coria señaló que no corresponde asumir automáticamente esa denominación y recordó que el Tribunal Constitucional ha desestimado demandas de inconstitucionalidad contra las leyes N.° 31751 y 32107. También indicó que parte de estas modificaciones respondió a cuestionamientos sobre excesos en la persecución penal.

El proceso de revisión también deberá considerar antecedentes recientes de decisiones judiciales y constitucionales sobre prisión preventiva, lavado de activos y colaboración eficaz, así como el trabajo desarrollado por una comisión especial multipartidaria creada por el Congreso mediante la Ley N.° 32310. Dicha comisión presentó en junio de 2026 un anteproyecto de nuevo Código Penal, compuesto por 750 artículos, que podría ser tomado en cuenta durante la evaluación del marco normativo. La revisión del MINJUSDH abre así la posibilidad de una reforma que busque corregir deficiencias de la legislación penal sin reducir la lucha contra el crimen organizado.