El congresista José Cueto respondió con firmeza al reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió al Estado peruano derogar la ley que fortalece la fiscalización sobre los fondos que reciben las organizaciones no gubernamentales desde el extranjero.

La norma, impulsada por el Congreso, ha sido duramente criticada por la CIDH y por ONG como IDL, Aprodeh y Manuela Ramos, que consideran que atenta contra la libertad de asociación y obstaculiza la cooperación internacional.

“Rechazo totalmente este pronunciamiento que es una desvergonzada injerencia en nuestros asuntos internos”, declaró Cueto. “Perú es un país independiente con plena soberanía jurídica y política, no somos colonia de ningún país y menos aún de organizaciones supranacionales ideologizadas que nadie escogió”, agregó, dejando clara su postura frente a lo que considera una intromisión extranjera sin legitimidad democrática.

La ley en cuestión modifica el marco legal de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) e impone mayores requisitos de transparencia y rendición de cuentas a las ONG que operan con fondos internacionales. Según sus promotores, el objetivo es garantizar que esos recursos sean utilizados de manera efectiva y lleguen a los beneficiarios que realmente los necesitan, evitando su uso con fines políticos o de desestabilización institucional.

En su comunicado, la CIDH sostuvo que los cambios aprobados podrían representar “serios retrocesos” en la protección de los derechos humanos en el Perú. Sin embargo, para Cueto y otros congresistas, el organismo solo está respaldando a un grupo de ONG afines ideológicamente, que durante años han operado sin un control adecuado sobre el uso de millones de soles provenientes del exterior.

El debate sobre el rol de las ONG y la cooperación internacional ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en contextos donde ciertos sectores cuestionan la falta de neutralidad y el posible activismo político de algunas entidades. Mientras tanto, el Congreso peruano se mantiene firme en su intención de seguir adelante con la ley, en medio de una creciente tensión con organismos internacionales y agrupaciones defensoras de derechos humanos.