El Gobierno dispuso la suspensión total de las actividades mineras en la provincia de Pataz, en La Libertad, por un periodo de 30 días, prorrogables, como parte de una intervención urgente destinada a restablecer el orden público y la paz social tras la masacre que dejó 13 mineros asesinados.

Esta medida, anunciada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, busca permitir el despliegue efectivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona para recuperar el control del territorio.

El decreto contempla la exclusión inmediata de todas las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) que se encuentren en condición de suspendidas y operen en la provincia. “No se permitirá ninguna actividad minera, ni tránsito de insumos o producción en la zona durante este periodo”, enfatizó Montero en una conferencia de prensa encabezada por la presidenta Dina Boluarte. El ministro agregó que los REINFO suspendidos serán retirados del registro en las próximas horas por considerarse potenciales focos de uso irregular o criminal.

Además, el Ejecutivo definirá rutas fiscales estrictamente controladas para el transporte de insumos y productos vinculados a la minería. Todo tránsito fuera de estas rutas quedará prohibido y será objeto de interdicción, mientras que los infractores serán automáticamente excluidos del REINFO. Estos controles estarán a cargo de un equipo multisectorial con capacidad de fiscalización tributaria y operativa.

El ministro Montero también invocó al Congreso a aprobar con urgencia una nueva ley para la pequeña minería y la minería artesanal, a fin de reemplazar la legislación vigente desde 2002, que calificó como desfasada. Aseguró que se necesita una normativa actualizada que permita ordenar y supervisar de manera efectiva esta actividad económica, evitando que se convierta en terreno fértil para el crimen organizado.

Finalmente, se confirmó que el Decreto de Urgencia incluirá la asignación de recursos humanos y financieros para implementar todas estas medidas de forma rápida y respetuosa de los derechos ciudadanos. “El objetivo es claro: devolverle la tranquilidad a la población de Pataz y garantizar que la minería se desarrolle en un marco de legalidad, sostenibilidad y seguridad”, concluyó el titular de Energía y Minas.