Tras una denuncia constitucional presentada ante el Congreso de la República, la Contraloría General inició acciones de fiscalización contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Boluarte, por presuntamente haber omitido información en beneficio de uno de sus parientes.

Se trata de Alfredo Pezo Paredes, su cuñado, quien fue contratista del Estado en 2021 al ser docente de la Escuela Nacional de Control mediante el Área de Gestión de Proyectos y Fortalecimiento de Capacidades.

Según diversos especialistas, tras verificarse la existencia de un delito, y luego de un proceso que lo derive al Pleno del Congreso, Boluarte podría ser destituida y puesta a disposición de la Corte Suprema.

El delito en este caso sería el de falsa declaración en proceso administrativo tanto de Boluarte como de su cuñado, y la sanción para el mismo caso está tipificado en el Código Penal con una pena privativa de libertad de entre uno y cuatro años.