Por Antero Flores-Aráoz, publicado en La Razón el 9 de abril de 2023

En estos tiempos cargados de malas acciones y pésimas noticias, se han soportado días y días de protestas callejeras que llegaron al vandalismo con agresión a miembros de nuestra Policía Nacional en diversas localidades del país, a lo que se suman emboscadas a fuerzas combinadas de Ejército y Policía en el VRAEM, con pérdidas de vidas y lesionados. Como si lo señalado no fuera poco, ya no por acción humana sino de la naturaleza, tenemos lluvias incesantes y desbordes de ríos, con trágico resultado y afectación de servicios públicos así como familias enteras que han quedado en la calle al haber perdido sus viviendas y bienes.

Bueno pues, eso no fue suficiente pues cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, sucedió lo insólito, esto es que la vivienda y las oficinas del Comandante General de la Policía, fueron allanadas y diversos bienes y documentación incautados, llevando como corolario que el jefe policial fuese relevado del cargo.

De inmediato los comentarios venenosos en redes, en correos y whatsapp colectivos, así como en prensa de los más diversos ropajes, atribuyéndole  al cesado jefe policial, las inconductas y delitos más inverosímiles, con irresponsable olvido que la presunción de inocencia es un derecho humano y también constitucional.

No creo haber conocido al general Alfaro, como tampoco a las personas que estuvieron con él en una reunión que parecía almuerzo, pero hasta donde sepamos no hay delito gastronómico y que, en todo caso las investigaciones nos harán conocer la verdad y de haber acusación fiscal y procedimiento penal, recién la sentencia final nos dirá si hubo delito o no, luego de determinarse culpabilidad o inocencia.

Lo que no se debe tampoco permitir, es que se hagan falsas generalizaciones y se escuche el runrún de que la Policía es corrupta y que los policías cometen delitos y faltas. Pues no señor, quienes cometen delitos o faltas son personas naturales, no son las instituciones como es la Policía y, cuando el delito es perpetrado por personas de la misma ocupación o profesión, no significa que todos los que la ejerzan sean delincuente; algunos podrán serlo pero definitivamente no todos.

Las malas acciones de algunas personas, en caso de haberlas perpetrado, no pueden alcanzar ni perjudicar a las organizaciones a las que pertenecen y más aun cuando se trata de instituciones militares o policiales, que son las encargadas de la alta responsabilidad y obligación de mantener el orden público o de restablecerlo cuando fue afectado.

Si irresponsablemente atentamos contra el prestigio de tales instituciones armadas y policiales, la población perderá el respeto en ellas y ello es gravísimo, pues se requiere de tal respeto para que puedan ejercer eficientemente las obligaciones señaladas.

No es que creamos que la Policía y las Fuerzas Armadas sean entidades “tutelares” como tantas veces se ha leído y escuchado, dado de que los ciudadanos no estamos disminuidos ni somos de los primeros años de edad.  Requerimos protección, claro que si, pero tutela, de ningún modo.