Los doce Consejos de Ministros descentralizados que se han realizado durante el Gobierno de Pedro Castillo le habrían costado al Estado peruano alrededor de 18 millones de soles, sin haber producido mayores resultados beneficiosos para todo el país.

El mayor gasto lo ocasiona el traslado de las más altas autoridades públicas, que a través de tres aviones y de tres helicópteros gastarían más de un millón 300 mil soles por consejo, otros gastos importantes son los pasajes para los demás funcionarios y los viáticos para cada uno, entre otros gastos logísticos.

Se cuestiona que la verdadera intención del Ejecutivo sea la de promover sus ideas políticas, principalmente la convocatoria de una Asamblea Constituyente que cambie la actual Carta Magna que rige desde 1993.

Otra de las intenciones de Castillo, Torres y compañía, sería la de impulsar el cierre del Congreso, luego de responsabilizarlo de todos los problemas del país, que principalmente no pueden resolverse por errores u omisiones del propio Ejecutivo.