Política

Congreso debatirá creación de comisión especial para investigar muerte de Alan García

Publicado el 10 de junio de 2025

La Junta de Portavoces del Congreso acordó someter a votación en el pleno la propuesta para conformar una comisión investigadora que analice las circunstancias de la muerte del expresidente Alan García, ocurrida el 17 de abril de 2019. El planteamiento fue impulsado por el congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, quien sostiene que existen “inconsistencias” en las investigaciones realizadas hasta la fecha.

 

Según indicó Montoya, la comisión tendría como objetivo esclarecer hechos que, a su juicio, no han sido debidamente explicados. “Hay situaciones sospechosas. Por ejemplo, un Consejo de Ministros convocado a las cinco de la mañana el mismo día del fallecimiento. Ahí se ve la mano de Vizcarra direccionando las cosas para tener un resultado”, afirmó. El legislador considera que este y otros elementos deben ser revisados con mayor rigurosidad por un grupo especial del Parlamento.

 

La moción también plantea que podrían haberse producido coordinaciones entre operadores judiciales y actores políticos que influyeron en el contexto de la intervención fiscal que terminó con el suicidio del expresidente. García se disparó en la cabeza cuando la policía llegó a su vivienda con una orden de detención preliminar por el caso Odebrecht. La comisión buscará definir si hubo responsabilidades penales o políticas detrás de ese operativo.

 

Han pasado más de cuatro años desde la muerte del exmandatario, y desde entonces han surgido distintas interpretaciones sobre los hechos. El entorno político de García ha sostenido reiteradamente que fue víctima de una persecución judicial que lo condujo a esa decisión, mientras que las investigaciones fiscales señalaron que existían indicios de corrupción en su contra.

 

La propuesta deberá ser discutida y aprobada en el pleno del Congreso, donde se definirá tanto la integración del grupo de trabajo como el plazo que tendrá para presentar sus conclusiones. El caso promete reavivar el debate sobre la actuación del Estado en momentos de alta tensión política y judicial.

 

 

 

 

 

Fuente: CanalB

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