El Congreso de la República aprobó la formación de causa penal contra Jorge Salas Arenas, juez supremo y expresidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. La medida fue formalizada mediante la Resolución Legislativa 003-2025-2026-CR, publicada en el diario oficial El Peruano, que autoriza al Ministerio Público a iniciar las investigaciones correspondientes.

La acusación se origina en la Denuncia Constitucional N.º 469, presentada en marzo de 2024 por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Según el documento, Salas Arenas habría intervenido de manera irregular en un proceso de contratación dentro del Poder Judicial, aprovechando su condición de magistrado supremo. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) admitió la denuncia en abril de ese mismo año y, tras la investigación respectiva, elaboró un informe final que recomendó acusarlo formalmente.

Dicho informe fue ratificado por la Comisión Permanente en mayo de 2025 y aprobado por el Pleno del Congreso en octubre. En la acusación se sostiene que Salas Arenas habría solicitado por vía telefónica la contratación de su exsecretario, Pavel Vladimir Cárdenas Peña, en la Corte Superior de Justicia del Callao. El pedido habría sido dirigido a Walter Ríos Montalvo, entonces presidente de esa corte, quien dispuso la inmediata incorporación del trabajador en un proceso calificado como inusualmente rápido.

El Ministerio Público considera que esta intervención constituye una forma de aprovechamiento indebido del cargo, al generar un interés irregular que comprometería la imparcialidad y autonomía de la función pública. La imputación se basa en el artículo 399 del Código Penal, que sanciona la negociación incompatible cometida por funcionarios o servidores públicos.

Con esta decisión, el Congreso da luz verde para que la Fiscalía prosiga con la investigación penal contra el exjefe del JNE, quien mantiene la condición de juez supremo titular. Salas Arenas deberá afrontar el proceso judicial mientras el Ministerio Público evalúa la formalización de la acusación correspondiente.