Con el respaldo de 12 votos de legisladores de distintas bancadas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros por los fallecimientos y heridos ocurridos durante las protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

El informe final concluyó que no existen elementos de convicción suficientes para atribuir responsabilidad penal a las autoridades denunciadas.

El congresista José Jerí, encargado de sustentar el informe, afirmó que tras analizar los descargos, las audiencias y la documentación entregada por la Fiscalía de la Nación, no se hallaron pruebas concluyentes que permitan establecer una conducta dolosa o un vínculo directo entre las decisiones de los altos funcionarios y los resultados letales de las manifestaciones.

Si bien se reconocieron los hechos ocurridos, Jerí señaló que no se identificaron órdenes ni actuaciones que comprometan directamente a los implicados, y recomendó que el Ministerio Público continúe investigando posibles responsabilidades individuales.

La denuncia constitucional había sido presentada en noviembre de 2024 por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Villena. En ella se imputaban delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves en el contexto de protestas en nueve regiones del país, con un saldo de 44 muertos y más de 100 heridos.

El extenso documento de 1,888 páginas sostenía que la presidenta y sus ministros estaban informados a diario de los hechos, pero esta argumentación no fue considerada suficiente para continuar con el proceso en el Congreso.