La congresista Norma Yarrow de Avanza País y el congresista Javier Padilla de Renovación Popular presentaron denuncias constitucionales contra la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social - Midis, Dina Boluarte.

De prosperar las mismas, Boluarte podría ser destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de diez años, es decir, si Pedro Castillo renunciara o fuera vacado, no podría asumir la presidencia en su reemplazo.

Los presuntos delitos por los que se le acusa son los de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Asimismo, habría cometido una infracción a los artículos 2, 38 y 126 de la Constitución Política.

Según un informe de la Contraloría General de la República, Dina Boluarte habría firmado documentos como titular de la asociación privada Club Departamental Apurímac siendo ministra, y, por otra parte, no habría declarado a todos sus parientes, lo que les permitió a dos de ellos contratar con el Estado cuando estaban impedidos de hacerlo.