A seis días de la segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó una nueva versión de su plan de gobierno con modificaciones en temas constitucionales, económicos y de relaciones exteriores. El documento reemplaza o elimina varias propuestas que figuraban en la versión difundida durante la primera etapa de la campaña, lo que ha generado debate entre especialistas y analistas políticos.

Uno de los cambios más notorios está relacionado con la reforma constitucional. Mientras que la propuesta inicial planteaba una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, la versión actual habla de una reforma constitucional a través de un consenso nacional y un referéndum. Sin embargo, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga consideró que la nueva redacción no representa una diferencia sustancial respecto al planteamiento original y sostuvo que cualquier modificación de la Carta Magna debe seguir los procedimientos establecidos por el Congreso.

El nuevo documento también deja de mencionar propuestas que habían llamado la atención en la primera versión, como la nacionalización de Telefónica del Perú y la creación de un denominado “poder popular” como una nueva instancia dentro de la estructura del Estado. En su lugar, el plan actualizado propone fortalecer el equilibrio de poderes, impulsar la meritocracia en los organismos autónomos y modernizar la gestión pública mediante la descentralización.

Por su parte, el analista Javier Albán señaló que las modificaciones transmiten un mensaje contradictorio debido a que el propio candidato había rechazado anteriormente la posibilidad de presentar una hoja de ruta. Además, cuestionó algunas inconsistencias en la redacción del documento, entre ellas una referencia al Tribunal Fiscal en asuntos vinculados al equilibrio fiscal, competencia que corresponde al Consejo Fiscal.

Según Albán, los cambios podrían responder a un intento de atraer a votantes indecisos en la etapa final de la campaña electoral. El especialista sostuvo que la eliminación o reformulación de propuestas consideradas más radicales busca ofrecer una imagen de mayor moderación, aunque advirtió que las variaciones de discurso pueden generar dudas entre los electores sobre la claridad y consistencia de las propuestas presentadas por la agrupación política.