Cerca de dos tercios de los congresistas enfrentan carpetas fiscales con denuncias e investigaciones en curso, según datos obtenidos a través de la Ley de Transparencia. De los 130 legisladores en el Congreso, aproximadamente un 63% (82 congresistas) tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

Luis Picón, de Podemos Perú, lidera la lista con 107 carpetas fiscales, muchas de las cuales involucran acusaciones de corrupción y tráfico de influencias. Picón también ha sido sentenciado en casos relacionados con abuso de autoridad y delitos contra el patrimonio cultural.

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, figura en segundo lugar con 53 denuncias en la Fiscalía desde 2001, a pesar de sus negaciones públicas sobre tener investigaciones pendientes.

Edwin Martínez, parlamentario de Acción Popular, ocupa el tercer puesto con 22 carpetas fiscales. Algunas de estas son sentencias, y Martínez ha explicado que una de ellas se relaciona con su período como alcalde de Mariano Melgar, durante el cual, según él, desconocía ciertas contrataciones irregulares.

Enrique Wong, congresista no agrupado y suspendido por violar el Código de Ética Parlamentaria, enfrenta 17 carpetas fiscales por presuntos delitos como malversación de fondos públicos y abuso de autoridad. José Luna, de Podemos Perú, tiene 11 denuncias por delitos como tráfico de influencias y estafa.