Por Augusto Cáceres Viñas

Cuando asumió su mandato en enero de 2023, la actual alcaldesa de San Isidro generó grandes expectativas entre los vecinos. Había sido regidora y su lema de campaña era “generar confianza”.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y la decepción es absoluta.

No se trata solo de que la administración municipal sea un desastre; toda su gestión es una calamidad. Desde el primer día, el distrito padeció la falta de funcionarios. La alcaldesa tardó meses —incluso más de un año— en completar su cuerpo gerencial. Y cuando finalmente lo hizo, la altísima rotación de gerentes y subgerentes entorpeció, e incluso anuló en muchos casos, el correcto funcionamiento de la municipalidad.

Para infortunio del distrito, el conflicto dentro del mismo concejo municipal fue constante. Las peleas entre la alcaldesa y los regidores se convirtieron en el pan de cada día. Mientras ellos se enfrentaban durante casi dos años, San Isidro no solo se paralizó: retrocedió.

La administración ha navegado todo este tiempo sin rumbo y con una tripulación incapaz.

Mientras tanto, las áreas verdes languidecieron y fueron abandonadas. A casi tres años de gestión, el esplendor que caracterizaba a nuestros parques aún no se ha recuperado.

Obras fundamentales para los vecinos fueron paralizadas bajo un sinfín de pretextos. El centro médico para los sectores 4 y 5, y la Casa de Encuentro Vecinal del sector 2 —inaugurada en diciembre de 2022— que fue cerrada apenas la alcaldesa asumió el cargo, permaneció abandonada durante dos años. Lo mismo ocurrió con el centro médico en Corpac que estaba listo para inaugurar en abril de 2023: fue detenido con un mil de pretextos pero sin explicación racional alguna y recién dos años después se culminó su implementación. Un atentado directo contra la salud de miles de sanisidrinos.

El mercado municipal también fue cerrado durante meses por argumentos pueriles, para luego intentar ser “reinaugurado” de forma desvergonzada.

Pero el golpe más duro ha sido en seguridad ciudadana. Se desactivaron escuadrones clave como los COES (Comando de Operaciones Especiales), integrados por licenciados de nuestras Fuerzas Armadas, así como los guardaparques y guardabosques, esenciales en un distrito con una amplia red de parques y el Bosque El Olivar. Se ha reducido al mínimo el número de serenos y hoy vemos, con estupor e indignación, decenas de patrulleros y motos estacionados durante horas en que deberían estar patrullando.

El tráfico es otro caos. Se abandonaron los sistemas inteligentes de semáforos y el personal no está capacitado. Y como si fuera poco, se ha permitido que la Municipalidad de Lima instale semáforos de manera antitécnica —como en la avenida Del Ejército— generando interminables cuellos de botella. En el centro financiero el panorama es igual de caótico: vecinos y automovilistas padecen diariamente una congestión insoportable.

Podríamos recorrer cada área de la municipalidad y ninguna funciona bien. Porque cuando la cabeza no funciona, nada funciona. Baste recordar el despropósito de retirar el monumento al gran almirante Miguel Grau de la plaza principal que lleva su nombre, para trasladarlo a una pequeña explanada junto al mercado municipal. Un acto que la alcaldesa celebra con descaro.

Y ahora, como corolario, nos enfrentamos al sospechoso cierre del complejo deportivo municipal por tres meses, bajo el pretexto de “refaccionarlo”, cuando en 2021 ya había sido remodelado integralmente, con una modernísima pista atlética e iluminación de última generación.

Lo más grave es que el cierre viene acompañado de un “convenio” con una empresa privada para manejar las canchas y el gimnasio. Esto ha desatado una justificada indignación vecinal ante la posibilidad real de que el complejo termine privatizado, beneficiando a terceros cuando la propia municipalidad ha demostrado antes ser perfectamente capaz de administrarlo en favor de los vecinos.

Es necesario levantar la voz con energía ante un hecho que atenta directamente contra los intereses de quienes verdaderamente son los dueños del distrito: los vecinos, quienes sostienen la administración edil con sus tributos.

No podemos permitir que esta indigesta gestión municipal entregue, de forma soterrada y camuflada, los bienes y servicios públicos para favorecer intereses particulares.

Le exijo a la alcaldesa, una vez más, que rectifique el rumbo para al menos culminar su periodo con algo de dignidad. Le demando que deje sin efecto el cierre del complejo deportivo y anule de inmediato el convenio con la empresa DCK Sport S.A.C.