Por Juan Carlos Llosa Pazos, publicado en Expreso

El título de este artículo lo he tomado de una de las más renombradas novelas del siglo XIX del gran Víctor Hugo, pero nada tiene que ver con su trama y ni con los avatares de Jean Valjean su principal protagonista.

Desde el inicio de las operaciones militares en Ayacucho a fines de 1982 que estuvieron a cargo del General EP Roberto Clemente Noel Moral, se tomaron tres medidas de carácter estratégico: control territorial a través de patrullaje y hostigamiento constante contra elementos terroristas, organización de la población mediante los llamados comités de autodefensa (CADs) –Memorias de un soldado, R. C. Noel, 1989– e infiltración militar en las células maoístas, arriesgadísima misión que demando enorme valor.

Estas acciones debían de rendir sus frutos a largo plazo. Por ello no es cierto que esta estrategia de captación de la población se iniciase en los 90. Más aun, en represalia a este trabajo de campo ocurrido entre 1983 y 1984, el Capitán de Corbeta Jorge Alzamora Bustamante fue vilmente asesinando al año siguiente frente a su familia, por los degolladores de niños. Lo que sí se dio en los 90 fue una eficiente conducción política del problema de seguridad nacional que nos consumía como país. Se logró la derrota militar del terrorismo. Al pan, pan y al vino, vino.

Además del combate en el terreno que estrangulaba a los terroristas, se dictaron medidas muy eficaces: jueces sin rostro, sistema de inteligencia integrado, endurecimiento de penas –cadenas perpetuas que serían más tarde anuladas casi todas- ley de arrepentimiento, recompensas económicas. Con ello la voluntad de lucha del enemigo fue cediendo dramáticamente. Imperó en los terroristas el temor a ser neutralizados sin tregua o a morir tras las rejas. Surgió la desconfianza entre ellos por la delación, afloró la ambición hacia lo que más produce su demonio, el capitalismo: dinero.

Pienso que todo militar consecuente con el esfuerzo, la sangre y la pérdida de vidas de miles de nuestros camaradas de armas, no puede menos que sentir desprecio y repugnancia por la infamia que contiene el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y en particular su prefacio, firmado por Salomón Lerner. Aquí he seleccionado algunos párrafos:

“Las dos décadas finales del siglo XX son —es forzoso decirlo sin rodeos— una marca de horror y de deshonra para el Estado y la sociedad peruanos”.  Miserables.

“Fundamento para aseverar que estas dos décadas de destrucción y muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población más desposeída del país, evidenciado por miembros del PCP-Sendero Luminoso y agentes del Estado por igual”.  Miserables.

“Durante años, las fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, incluyendo el derecho a la vida”. Miserables

Mi favorito: “era deber del Estado y sus agentes defender a la población (..). Debe quedar claro que el orden que respaldan y reclaman los pueblos democráticos no es el de los campos de concentración (…). No lo entendieron así los encargados de defender ese orden”. Es decir las FFAA emplearon en contra de nuestra sociedad el orden de los campos concentración, que no es otro que el de las bestias nazis. Miserables.

Ni una letra sobre el MRTA en el prefacio. Miserables.

Lerner leyó un discurso muy similar al prefacio al presentarle al país el informe de la CVR en el 2003 en ceremonia pública frente al presidente de la República y a su ministro de defensa y a otras autoridades obsecuentes y cómplices de las afrentas de Lerner contra el Perú. Previamente a esto, los más altos comandos militares habían emitido un informe reservado recomendando la inconveniencia de la publicación del texto por razones contundentes. El gobierno de entonces lo habría ocultado deliberadamente al país. Miserables.

Es indispensable que el Congreso del República desvincule al Estado peruano del informe de la CVR mediante ley. Entre otras razones por haber sido aceptado en representación del país por un expresidente de conocida inmoralidad. Por su parte el gobierno actual, en homenaje a quienes perdieron la vida combatiendo a esa lacra, debería disponer el retiro de cualquier alusión conceptual del informe en los textos escolares. El estado no puede seguir avalando los ideologizados juicios de valor de un grupo de seudointelectuales que pretendían poner en el banquillo de los acusados a toda la sociedad peruana por la tragedia que vivió el Perú entre 1980 y el 2000. Ojalá haya pantalones. Veremos.