Por Javier Díaz Orihuela, exsenador de la República
Publicado en Expreso

En mi artículo anterior en “Expreso” informé tener un compromiso europeo ineludible. Sin embargo, en el viejo continente permanecía relativamente informado sobre Perú y el domingo 12 de abril, día en que millones de peruanos eligieron un nuevo Gobierno, 60 senadores y 130 diputados. No obstante que los medios de comunicación impulsaron espacios para que los ciudadanos conozcan cada dinámica del proceso electoral, nadie imaginó lo sucedido en Lima: la ONPE, dirigida por Piero Corvetto, incumplió con su deber de habilitar 2200 locales, hecho que perjudicó a miles de electores que quedaron sin sufragar.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció resultados a pocas horas después de la votación. Empero, hoy, 30 de abril, día de redactar esta columna, a 18 días de transcurrido el evento electoral, aún falta conocer el resultado final y oficial. Cierto es que el saldo es pequeño, el 3 %, equivalente a 474 922 actas a nivel nacional, de las cuales, en Lima, faltan por revisar actas que contienen algo más de 1 millón de votos.

Sin embargo, hay denuncias de que el JNE quebranta la ley. Sabe que, si proclama al conocido binomio de candidatos para participar en la segunda vuelta, incumple varios artículos constitucionales, el 31, 171, 178 y 181. Consecuentemente, si lo hace, estaría dando un golpe de Estado.
El mapa electoral determina que el triunfo es de la candidata Keiko Fujimori. A estas alturas, con 3 % de actas por computar, el candidato que llega a la segunda vuelta es Roberto Sánchez, exministro y afiliado al partido del expresidente Pedro Castillo, hoy en prisión. En diversos departamentos se ha cerrado la votación; entre ellos está Arequipa, donde Rafael López Aliaga alcanza 10,6 % y, a su vez, 10,1 % Roberto Sánchez.

Otro tanto son los escrutinios de Ica, con un porcentaje de 9,4 % a López Aliaga y 7 % a Sánchez. Conjuntamente con Lima, Arequipa e Ica, estos son los únicos departamentos que han votado por la democracia y la libertad. En el voto exterior, las preferencias fueron para López Aliaga; Sánchez apenas alcanzó el 2,6 %.

Con todo, nada está escrito en piedra, y la ciudadanía ejerce su derecho a opinar. Así, ha emitido un pronunciamiento —“Auditoría Técnica Internacional para Garantizar Transparencia y Confianza en el Proceso Electoral”— donde se denuncia “diversas irregularidades y deficiencias en su ejecución (del proceso)”. Al frente de la declaración está el exprimer vicepresidente de Perú, Raúl Diez Canseco Terry. Se suman a esta decisión gremios empresariales que demandan auditorías a los sistemas informáticos de la ONPE.

La primera señal del toletole generado por el JNE fue cuando le llegó una denuncia de un posible fraude ocurrido en las primarias internas que definiría el candidato presidencial de Acción Popular. Dos grupos formularon al JNE sus argumentos. A pesar de ello, sin mediar ningún debido proceso y tras imputar a ambos grupos como responsables de un fraude, el JNE resolvió retirar al partido del proceso electoral 2026. ¡Qué injusticia!