Por Miguel Lagos, analista político

Publicado en Expreso

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (como Venezuela) una dictadura; es un país que viene construyendo su propia democracia”, fue una de las primeras declaraciones que dio Guido Bellido al ser designado Presidente del Consejo de Ministros del estrenado desgobierno de Pedro Castillo el 29 de julio de 2021.

Este nombramiento encendió más alarmas de las que ya se habían activado durante la competencia electoral. Era una señal de que alinearían al Perú como otro satélite de la órbita castrochavista. ¿Imagina usted, estimado lector, la posición peruana hoy en el caliente contexto geopolítico si el autogolpe de Castillo de diciembre de 2022 prosperaba con apoyo militar y bajo el influjo senderoide y cubano-chavista?

Eran momentos, pues, en que Vladimir Cerrón se banqueteaba con Evo Morales en el Costanera 700, mientras el “Gallo” Zamora planeaba entusiasmado cómo montar una —otra— dictadura títere en Perú. Por su parte, el Movadef —el “Sendero político”— se frotaba las manos al tener, al fin, un pie en Palacio de Gobierno, mientras los Quispe Palomino del VRAEM celebraban tener una cuota de poder vía Guillermo Bermejo en el Congreso de la República.

Hoy, el también congresista Guido Bellido afronta un inminente juicio oral por el presunto delito de afiliación al terrorismo, que podría condenarlo hasta 20 años de prisión. La Fiscalía lo acusa de tener vínculos con el Militarizado Partido Comunista del Perú, remanente de Sendero Luminoso que opera en el VRAEM, basándose principalmente en el testimonio del exagente Eddy Villarroel, “Sacha”, quien asegura haberle entregado en 2018 paquetes y memorias USB con mensajes del cabecilla terrorista “José” de los Quispe Palomino.

Si Bellido es sentenciado, significaría, entre otras cosas, que resultó siendo un error haber creído que el “Sendero político” no tenía ninguna conexión con el narcosenderismo del Vizcatán, el cual se distanció del Sendero primigenio, y que no lo movían objetivos políticos ni ideológicos, sino solo económicos. Bellido sería, como Bermejo, otro puente entre estas facciones que algunos comentaristas y periodistas afirmaban estar inconexas. Y otro detalle no menor: estando también Cerrón investigado por iguales nexos con el VRAEM, y siendo un evidente franquiciado castrochavista (su cercanía con el “Gallo” Zamora y más lo indican), se ve cómo los extremismos de izquierda peruanos y los bolivarianos hace tiempo borraron líneas divisorias para unir objetivos políticos e ideológicos, que terminaron haciéndose del poder con Castillo como caballo de Troya.

Bellido sería, entonces, otro nexo entre el narcosenderismo del VRAEM, el “Sendero  político” Movadef y los bolivarianos.

Bellido primer ministro

Nombrado en la PCM, el riesgo no era menor en las circunstancias posteriores al 28 de julio de 2021. Bellido iba a tener acceso a información privilegiada y altamente sensible sobre diversos aspectos de seguridad nacional (como los planes de operación e intervención de las fuerzas militares y policiales en todo el territorio, de los servicios de inteligencia como la DINI, anexa a la PCM, donde yace data crucial sobre narcotráfico y otros desafíos criminales y violentos con objetivos políticos, entre muchos otros sobre relaciones y amenazas externas).

¿Cuál era el recelo ante ese peligro que condicionaba la seguridad interna?

Sucede que el entonces nombrado primer ministro no solo estaba siendo investigado por apología —un negacionista verbal— del terrorismo senderista primigenio, sino también —hasta hoy— por una presunta pertenencia al senderismo remanente que actúa en el VRAEM.

A pedido de la Policía contraterrorista, la Fiscalía inició en aquella coyuntura una segunda investigación al también congresista de “Perú Libre”; esto a raíz de las declaraciones de Eddy Villarroel, “Sacha”, quien habría señalado a Bellido, al exparlamentario Guillermo Bermejo y a Alex Pimentel (el propagandista digital de los Quispe Palomino, asesinado en octubre de 2021) como visitantes a los campamentos narcosenderistas del “Militarizado Partido Comunista” (MPCP) afincados en la selva.

El escenario de cuestionamientos era, pues, bastante crítico y los riesgos, de alta gama.

¿Qué garantías había de que, de confirmarse las acusaciones —en torno a las cuales hay incluso colaboradores eficaces—, la información de seguridad e inteligencia no fuera filtrada desde el Ejecutivo controlado también por Castillo hacia los grupos narcoterroristas e ideológicos afines? (Debe recordarse que el parlamentario Guillermo Bermejo advertía la expulsión de la DEA antidrogas de suelo peruano).

Una pregunta dura, pero legítima, que muchísimos peruanos se hacían en medio de circunstancias internas tan complicadas y donde los peligros eran imposibles de ignorar.

A la sazón, investigaciones policiales replicadas por medios periodísticos daban cuenta de que el ministro de Trabajo del primer gabinete de Castillo tenía también vínculos directos con el Movadef (Conare) de Sendero Luminoso; un organismo del que existe cierta evidencia de sus relaciones con los Quispe Palomino.

Además, en el frente externo y completando el combo, el expremier y aún congresista Guido Bellido llegó a decir abiertamente —sumado a sus registrados comentarios homofóbicos, misóginos y discriminadores— en los medios que en Cuba y en Venezuela existen “democracias” operantes y no modelos represivos totalitarios y antiliberales. El otrora canciller Héctor Béjar —exguerrillero y simpatizante político e ideológico del castrismo— inició en agosto de 2021, en “representación de todos los peruanos”, un “diálogo” para la “recuperación íntegra de relaciones” con la narcodictadura chavista que controla Venezuela. De hecho, con Castillo, Perú volvió a reparar relaciones cómplices con Caracas.

Claramente, pues, la posible operatividad política del estrenado premierato de aquel año llevaba a sospecha a los peruanos, que temían podría empoderar de forma subterránea a las redes extremistas internas —incluso delictivas, terroristas— y externas, en las que se pretendería embrollar al país vía sondeos lentos para forzar “cambios necesarios” (que explícitamente Maduro y Diosdado Cabello habían sugerido a Castillo vía medios de prensa desde Caracas).

Avisado sobre estas legítimas dudas y crecientes desconfianzas ciudadanas, Guido Bellido —ya con el fajín— reacomodó su narrativa, contradiciendo todos sus antecedentes, al decir que Sendero Luminoso sí era “una organización terrorista” y que rechazaba “toda forma de violencia y de terrorismo en todos sus extremos”. Un pronunciamiento táctico para achicar resistencias políticas en busca del voto de confianza que tenía que pedir ante el Parlamento. El pan, pues, podía quemársele en la puerta del horno.

La opinión pública, por supuesto, tenía todo el derecho de seguir recelando, dudando seriamente de estos aparentes actos de “moderación” discursiva con evidentes cálculos políticos.

Se daba, además, a la par un asunto que no podía obviarse: el impedimento aprobado por el Congreso en mayo de 2021, anterior al que se inició el 28 de julio de ese mismo año, para que investigados, procesados o sentenciados por terrorismo, organización criminal y otros delitos no puedan ser miembros de las comisiones parlamentarias de Inteligencia, Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. Y tanto los congresistas Bermejo como Bellido calzaban en esa prohibición por estar inmersos en investigaciones sobre afiliación con el terrorismo. ¿Cómo podía el segundo lograr acceder a datos privilegiados sobre estos temas como titular del Consejo de Ministros? ¿Se pretendía imponer a Bellido precisamente para sacarle la vuelta a aquella pertinente prohibición?

Debe repetirse: la política no tiene a la ingenuidad como una de sus virtudes. Cabe recordarlo hoy más que nunca, sobre todo cuando se está ante potenciales y dosificados proyectos dictatoriales, políticos y delictivos de alcance transnacional.