La Fiscalía de la Nación presentó ante el Congreso una tercera denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, vinculada a los hechos ocurridos tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Esta nueva acusación también involucra a dos expremieres y a cuatro exministros por supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas sociales que se extendieron hasta febrero de 2023.

Según el Ministerio Público, la denuncia incluye a Alberto Otárola y Pedro Angulo, así como a los exministros César Augusto Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Eduardo Rojas y Vicente Romero. Se les imputa la comisión de delitos como lesiones leves y graves en perjuicio de ciudadanos como Ronald Rojas y Michael Chipana, quienes resultaron heridos durante los operativos policiales y militares.

El abogado de Boluarte, Joseph Campos, criticó públicamente esta nueva acción legal, argumentando que se trata de la tercera denuncia por los mismos hechos. Recordó que la primera fue formulada por la exfiscal Patricia Benavides y la segunda, por Juan Carlos Villena, quien descartó el delito de genocidio. Esta tercera presentación ha sido realizada por la fiscal de la Nación actual, Delia Espinoza.

De acuerdo con el documento fiscal, al menos 75 fueron las víctimas durante la represión de las manifestaciones en diversas regiones del país. Las heridas habrían sido ocasionadas por el uso excesivo de armas, tanto letales como no letales, por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo conocimiento de los altos funcionarios denunciados.

La acusación sostiene que Boluarte y los exministros omitieron actuar para detener el uso desproporcionado de la fuerza, lo que podría configurar una violación a los derechos humanos. Mientras tanto, el caso vuelve a manos del Congreso, que deberá evaluar si admite a trámite esta tercera denuncia constitucional en medio de una creciente tensión política.