El Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo N.º 1743, que modifica el artículo 20 del Código Penal para fortalecer la protección jurídica de los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia. La norma, difundida el 8 de noviembre de 2026 en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, incorpora una presunción legal de racionalidad a favor de quien se defiende ante una agresión actual, ilegítima y real.

La principal modificación establece que se presume racional la respuesta de quien ejerce la legítima defensa y que corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. De esta manera, la Fiscalía mantiene la responsabilidad de investigar los hechos y acreditar un eventual exceso. La presunción admite prueba en contrario y no significa que toda lesión o muerte causada durante un enfrentamiento quede automáticamente justificada.

La nueva legislación también excluye el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar la necesidad racional de la defensa. En su lugar, deberán considerarse la intensidad y peligrosidad de la agresión, el comportamiento del atacante, los medios disponibles y los bienes jurídicos protegidos. Así, el uso de un arma de fuego frente a una agresión con arma blanca no podrá descartarse únicamente porque ambos instrumentos sean diferentes.

Otro cambio relevante obliga a valorar la reacción defensiva desde la perspectiva de la persona agredida y según las circunstancias existentes en el momento del ataque. Asimismo, cualquier resolución judicial que rechace la presunción de racionalidad deberá presentar una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad. Esta exigencia también alcanza a determinados procesos que ya se encuentran en trámite.

El decreto incorpora una disposición al artículo 334 del Código Procesal Penal. Cuando se investigue un hecho relacionado con una posible legítima defensa, el fiscal deberá pronunciarse expresamente sobre esta circunstancia. Si verifica que concurren todos los requisitos establecidos en el Código Penal, deberá disponer que no se formalice ni continúe la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado.

La reforma busca evitar que ciudadanos que actuaron legítimamente para proteger su integridad, la de terceros o sus bienes enfrenten procesos penales innecesarios. Sin embargo, continúa siendo indispensable acreditar una agresión actual, ilegítima y real, así como los demás requisitos legales. El desafío será garantizar que fiscales y jueces apliquen las nuevas disposiciones con criterios objetivos, respetando el debido proceso y evitando tanto la criminalización de las víctimas como la impunidad ante eventuales excesos.