Una serie de nulidades en la investigación por presunta obstrucción a la justicia en el caso Cócteles ha dejado sin efecto ocho años de trabajo del fiscal José Domingo Pérez.

El fallo del Tribunal Constitucional obligó a reiniciar el proceso desde la etapa preliminar, lo que podría llevar a la prescripción de los presuntos delitos atribuidos a Keiko Fujimori, Arsenio Oré y otros involucrados.

El juez Wilson Verástegui Gálvez, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, ejecutó la sentencia constitucional que anuló la disposición fiscal N.° 84 emitida en 2018. En esa resolución, Pérez había elevado la investigación a etapa preparatoria sin haberse inhibido, pese a ser él mismo parte agraviada, lo que comprometía su imparcialidad.

Entre los que regresan a la fase inicial figuran allegados a Fuerza Popular como Luis Alberto Mejía Lecca, Aurora Torrejón y Walter Rengifo, entre otros. La inclusión de los abogados Arsenio Oré y Giulliana Loza también fue cuestionada, ya que la fiscalía interpretó como sospechosa su interacción con testigos, pese a tratarse de una función propia de la defensa legal.

A raíz de estos errores procesales, el caso de obstrucción corre el riesgo de prescribir debido al paso del tiempo. Según especialistas, los ocho años transcurridos sin una resolución definitiva podrían invalidar cualquier intento de sanción penal bajo ese cargo.

Aunque José Domingo Pérez continuará en otras líneas del caso Cócteles, ha sido apartado de esta investigación específica. En paralelo, se revisa la posibilidad de formular una nueva acusación por lavado de activos y organización criminal vinculada a los aportes de Odebrecht, lo que mantiene en vilo el futuro judicial de Keiko Fujimori y su entorno político.