Las pesquisas del Tribunal Supremo han reforzado la tesis de que existió una estructura destinada a mover dinero en efectivo fuera de España hacia la República Dominicana, en el marco de la denominada trama PSOE-Koldo.

De acuerdo con información adelantada por Libertad Digital, los magistrados consideran que los movimientos financieros detectados y los testimonios recogidos permiten sostener que se trataba de un sistema organizado para canalizar ganancias procedentes de contratos públicos hacia cuentas y empresas en el extranjero.

El auto judicial recoge declaraciones de varios testigos que coinciden en señalar que, en noviembre y diciembre de 2021, se realizaron entregas de dinero en efectivo en territorio dominicano. Entre esas declaraciones figura la de Aránzazu Granel Barbadillo, empleada de una empresa vinculada a Javier Serrano —socio de Víctor de Aldama—, quien dijo haber entregado dos veces 10.000 dólares al hermano de Koldo García siguiendo instrucciones superiores. Serrano reconoció, además, que su compañía operaba en República Dominicana y que esas transferencias en metálico se realizaron por orden directa de Aldama.

El sumario menciona también a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, quien admitió haber viajado con frecuencia a la isla caribeña durante ese periodo. Aunque intentó restar relevancia a sus desplazamientos, los magistrados consideran que la recurrencia y brevedad de las visitas resultan difíciles de justificar sin asociarlas a la entrega y transporte de dinero en efectivo.

Según la investigación, Koldo García Izaguirre y el exministro de Transportes José Luis Ábalos habrían aprovechado la posición institucional de este último para favorecer adjudicaciones a determinadas empresas. Víctor de Aldama sostuvo ante el Supremo que los pagos se realizaban en efectivo y, en ocasiones, dentro de instalaciones oficiales, como el propio ministerio o la residencia de Ábalos, con la intención de evitar cualquier registro bancario.

Aldama afirmó además haber presenciado entregas directas de dinero a Ábalos, y señaló que cuando no había suficiente efectivo disponible en España, recurrían a fondos de una de sus empresas en República Dominicana. Esa compañía, según su declaración, manejaba grandes cantidades de dinero obtenido por servicios de pruebas de detección de Covid-19 realizadas a turistas, lo que facilitaba disponer de liquidez inmediata para satisfacer los pagos.

Con los testimonios, viajes registrados y documentos recogidos en el proceso, los investigadores consideran acreditado que la presunta trama no sólo operaba en España, sino que contaba con una estructura internacional para ocultar fondos provenientes de adjudicaciones públicas. El caso continúa en fase de instrucción y amenaza con convertirse en uno de los escándalos más graves que han golpeado al Partido Socialista en los últimos años.