Fuente: El Reporte

El caso de la Junta Nacional de Justicia, sobre el informe presentado por la Comisión de Justicia del Congreso de la República, se ha vuelto tendencia en la última semana, causando diversas disputas en el sector político del país. Esto debido a que, según el grupo de trabajo, la JNJ habría incurrido en una serie de “causas graves” sobre las acusaciones que se formularon.

Sin embargo, un acontecimiento que destaca es el supuesto cambio de opinión en el informe de esta comisión. Según un artículo de El Comercio escrito por el periodista Carlos Paredes, el supuesto primer informe filtrado a la prensa, no era nada más que el proyecto de dictamen elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Justicia, liderado por el abogado Max Nicolini Del Castillo. Por lo tanto, no hubo un cambio de parecer en la elaboración del informe, ya que ningún congresista participó en este. Tan solo fue un proyecto de dictamen que Janet Rivas, presidenta de la comisión, hizo suyo, actuando como ponente, y que puso a consideración de los otros 20 congresistas titulares.

El informe

La comisión sostiene que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia han incurrido en violaciones constitucionales. En primer lugar, una de las magistradas, Inés Tello Valcárcel ha excedido la edad legal para ostentar su cargo. Según señala el artículo 156 de la Constitución, para ser miembro de la JNJ se debe ser mayor de 45 años y menor de 75. Al permitir que Tello continúe en su cargo pese a haber superado los 75 años, se habría incurrido en una falta grave.

De igual manera, se señaló que otra falta grave, es el incumplimiento de la presentación del informe anual al pleno del Congreso. Según el documento de la comisión, el JNJ no entregó dichos informes de manera oportuna, tras no haber presentado los informes debidos durante el 2021 y el 2022 como se señaló en la Carta Magna.

Ante ello, los legisladores abren la posibilidad a la aplicación del artículo 157 de nuestra Constitución, que señala que los magistrados pueden ser removidos en caso incurran en una causa grave, mediante acuerdo del Congreso. El cual debe ser adoptado con un voto que signifique los dos tercios del número legal de miembros.

Para profundizar al respecto, El Reporte entrevistó a Delia Muñoz, abogada y exministra de justicia del Perú, quien aseguró que la determinación de una causa grave es una competencia del Congreso.

“Si vemos los antecedentes utilizados para la remoción del Consejo Nacional de Magistratura, se puede saber que determinar qué es una causa grave es una capacidad o una competencia que corresponde al Congreso de la República. Esta entidad es la que determina cuales son las conductas que se estima van a ser consideradas como faltas graves, siguiendo lo establecido en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional”, sostuvo.

Reacciones

Para la congresista, Martha Moyano, de Fuerza Popular, el Legislativo habría estado actuando de acorde a la Constitución.

"El Congreso pone orden, simplemente actúa en función de la Constitución. Ahora, solo ha habido una decisión de la comisión, todavía falta el pleno. No estamos hablando de ninguna destitución. Es la posición de la comisión y ahora se llega al pleno. Pero se debe hacer respetar la Constitución", declaró a RPP.

Por otro lado, parlamentarios y políticos de la izquierda política del país, se manifestaron en contra de lo dispuesto por dicho informe, señalando incluso que la decisión de la Comisión de Justicia sería un golpe al orden democrático del país.

Por ejemplo, la parlamentaria Flor Pablo cuestionó la decisión de la comisión. “Lo que está haciendo el Congreso en este momento es de una impunidad y un autoritarismo tremendo. Están pateando las instituciones, el orden democrático. Y creo que eso hay que alertarlo. Nosotros en el país en los 90 ya hemos vivido este tipo de situaciones de control, de autoritarismo”, señaló al mismo medio.

Los magistrados miembros de la JNJ, lejos de quedarse con los brazos cruzados, han presentado una acción de amparo al Poder Judicial, derivandose a la Tercera Sala Constitucional. Esta demanda tiene la finalidad de que el informe no llegue hasta el pleno.

Lectura

Sobre la interpretación usada por los magistrados para que Tello se mantenga en el cargo pese a haber excedido la edad legal, Muñoz argumentó que “el Congreso tiene que decidir si dicha conducta, tanto la individual de mantenerse en el cargo así como la decisión colectiva de interpretar la constitución por parte de la junta, configuran una falta grave o una falta constitucional”.

Asimismo, Muñoz indicó que “la única causa por la que ellos (la Junta Nacional de Justicia) pueden presentar un amparo es por vulneración a las garantías judiciales que configuran el debido proceso, porque así lo señaló el Tribunal Constitucional”.

Por último, sobre los comentarios de que el Congreso estaría cometiendo un acto autoritario, señaló que “es una argumentación política para defenderse y para ir generando una narrativa de defensa, cuestión que debemos rechazar de plano”

Debe ser vital comprender que lo dispuesto por la Comisión de Justicia del Congreso va en sintonía con lo establecido por la Constitución. Es su función establecer, según lo lineamientos debidos, las causas graves, y de existir estas y ser respaldadas por el número necesario dentro del legislativo, proceder con la aplicación del artículo 157 de la Constitución y remover a los miembros de la JNJ, en caso hayan incurrido en una causal de este tipo.

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