Fuente: EL REPORTE

El gobierno de Pedro Castillo ha dejado claro que le gusta operar bajo las sombras, que el control político le provoca escozor y que van a apelar a cualquier mecanismo para conservar el poder. “Si tiene que correr mi sangre, lo haré”, amenazó el presidente, quien ahora tiene una denuncia constitucional —hecho inédito en nuestro historial político— de la misma fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides. En la mayoría se le imputa por graves indicios de corrupción y ser el líder de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno. En las antípodas también está haciendo su trabajo el Congreso, que escruta al jefe de Estado desde la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, los casos en este espacio parlamentario se podrían venir abajo por la demanda de amparo que impuso el jefe de Estado. El panorama político está en un suspenso indefinido, mientras en los márgenes la aparición de algunos personajes, como Antauro Humala, siguen engrosando la incertidumbre.

La ruta vigilante del Congreso sobre el Ejecutivo arrancó a finales del año. Cuando se estaba volviendo más nítida la injerencia del presidente y su entorno en la asunción de las Fuerzas Armadas —a tal punto que renunciaron los entonces ministros de Defensa Walter Ayala y secretario del despacho presidencial Bruno Pacheco (hoy colaborador eficaz)—, apostaron por la primera vacancia. Esto no avanzó por falta de votos. Aún se desconocía la existencia del presunto brazo congresal del Ejecutivo: ‘Los Niños’, delatados recién a inicios del 2022 por la colaboradora eficaz Karelim López y que por ahora serían seis de Acción Popular, aunque transcendió que serían hasta 12 y de distintas bancadas. Este desajuste no detuvo al Legislativo, que ya tenía al frente a un mandatario con varias investigaciones fiscales y un procurador (Daniel Soria) sospechosamente destituido, razón por la que trató de encarrilar, otra vez sin éxito, una segunda vacancia. Esto fue a finales de marzo.

Esta falta de consenso, que habría sido producto de presuntas conjuras, ahora podría revertirse. La fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides, después de una investigación de tres meses, presentó el último martes 12 de octubre una denuncia constitucional contra el profesor chotano. Esto en medio de las denuncias penales y constitucionales que le han agolpado a la magistrada varios oficialistas como los abogados de Guillermo Bermejo y la ministra Bettsy Chávez, quien fue censurada del sector Trabajo (mayo 2022) y volvió después para Cultura (agosto 2022): un ejemplo de la afrenta chotana. El recurso ahora queda en manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que de acuerdo a su máxima autoridad, Lady Camones, será analizado desde hoy, viernes 14, y que en no más de tres meses llegaría al Pleno para ser debatido.

Pero el Legislativo no la tiene fácil. Después que el Equipo Especial de Fiscales aplicara la Operación Valkiria II —allanaron los predios de los presuntos ‘Niños’ y detuvo al supuesto ‘Gabinete de las sombras’—, el gobierno también presionó el botón de contragolpe. Además de la advertencia del premier Aníbal Torres sobre un posible cierre del Congreso, el presidente lanzó una amenaza de sangre y ahora quiere arrasar con el control político. Apeló a una acción de amparo ante la Corte Superior de Justicia de Lima para que se anulen todas las investigaciones en su contra en la Comisión de Fiscalización. Esta instancia rechazó el pedido porque no es su competencia y ahora debe definirlo la Sala Constitucional.

La data facilitada por los colaboradores eficaces a la Fiscalía retrata de pies a cabeza cómo operaba la médula chotana. Los caracteres ya son insostenibles: indicios de corrupción, exaliados vueltos delatores, familiares y amigos prófugos o con prisión preventiva, etc. La estrategia y resistencia del Congreso no debe cesar.

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