El reciente nombramiento de Rodolfo Acuña como ministro de Economía y Finanzas vuelve a poner en evidencia la alta rotación en esta cartera clave del Estado. Con su designación, ya son diez los titulares del sector en menos de cinco años, una situación que refleja la inestabilidad política y sus efectos en la conducción económica del país.

Según el exministro Luis Miguel Castilla, el tiempo promedio de permanencia de los ministros de Economía en el último quinquenio se ha reducido drásticamente a apenas cinco meses, una cifra muy por debajo de los cerca de 30 meses que se registraban en periodos anteriores. A su juicio, este corto tiempo resulta insuficiente para diseñar y ejecutar políticas públicas sostenibles.

Castilla advirtió que esta constante rotación genera desconfianza entre los agentes económicos, quienes requieren señales claras y estables para tomar decisiones de inversión. “En cinco meses es imposible llevar a cabo una política económica consistente y creíble. Tanta rotación provoca inacción y desconcierto”, señaló, al remarcar que el país se vuelve menos predecible frente a los mercados.

En detalle, durante el gobierno de Pedro Castillo se sucedieron tres ministros en el MEF: Pedro Francke, Óscar Graham y Kurt Burneo. Posteriormente, en la gestión de Dina Boluarte, ocuparon el cargo Alex Contreras, José Arista, José Salardi y Raúl Pérez Reyes. A ellos se suman Denisse Miralles durante el breve periodo de José Jerí, así como Gerardo López Gonzales y ahora Rodolfo Acuña en la actual administración de José María Balcázar.

El exfuncionario también señaló que muchos de estos cambios responden a factores políticos, lo que dificulta la continuidad de reformas y debilita la defensa técnica de las finanzas públicas. En ese contexto, destacó que Acuña cuenta con perfil técnico y experiencia en el sector, aunque su principal reto será recuperar la credibilidad del ministerio y sostener una política fiscal responsable.

Este desafío se vuelve más complejo tras la reciente aprobación en el Congreso de leyes que implican un gasto cercano a S/ 10.000 millones, equivalente al 1% del PBI. Castilla cuestionó estas medidas al considerar que ponen en riesgo el equilibrio fiscal y advirtió sobre el uso del gasto público con fines políticos, por lo que instó al nuevo titular del MEF a evaluar acciones ante el Tribunal Constitucional para frenar iniciativas que comprometan la sostenibilidad de las finanzas del país.