Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

La democracia supone un sistema complejo de ideas e instituciones, valores y procedimientos, normas y comportamientos, que permiten conducir las múltiples y contradictorias tendencias e intereses que existen en la sociedad hacia los espacios donde se elaboran y aprueban las decisiones políticas, las mismas que se transformarán en legislación obligatoria, afectando directamente a la comunidad.

De esa manera, el sistema no depende de Dina Boluarte, quien lidera el Poder Ejecutivo porque la regla constitucional determina que, una vez vacado el presidente que dio un golpe de Estado fallido, culmina su periodo el vicepresidente elegido en la misma fórmula presidencial, en segunda vuelta.

Tampoco depende del Poder Legislativo, compuesto íntegramente por parlamentarios de primer periodo, agrupados fácticamente en cuatro tendencias heterogéneas: una izquierda marxista-chavista antediluviana, otra izquierda marxista-chavista progre, un centro corrupto e impredecible, y una derecha tan desorganizada como variopinta.

Como Congreso, refleja la incapacidad tanto de la élite intelectual para generar verdaderos partidos políticos, más allá de Fuerza Popular y Perú Libre, como del electorado para votar por quienes representan realmente sus tendencias e intereses.

Ante la crisis de los dos órganos de decisión política, la democracia reposa en buena medida en las instituciones de decisión jurídica: el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Ministerio Público; ellas se esmeran por mantener la defectuosa dinámica política dentro del cauce constitucional.

Curiosamente, quienes impugnan la legitimidad del Gobierno y del Congreso, auspician el movimiento subversivo que pretende derribarlos al margen de las normas constitucionales, a fin de ocupar irregularmente los espacios de decisión política.

Los grupos comprometidos con ese movimiento subversivo vacían de contenido el concepto de democracia, utilizando encuestas de popularidad para tratar de sustituir las reglas que canalizan el voto ciudadano por el humor de la turba violenta, confundiendo la decisión electoral formalmente expresada con la respuesta positiva o negativa manifestada a un encuestador en un día cualquiera.

En una sociedad que desconfía de la política y rechaza compromisos ideológicos, pretender dinamitar el sistema por el impulso destructivo de unos miles de activistas movilizados con dinero ilegal no solo es inconstitucional sino también antidemocrático, porque supone ruptura e imposición, implica ceder ante la extorsión de la turba y de la montonera.

Preservar lo avanzado desde la recuperación de nuestro sistema democrático exige defender activamente el Estado de Derecho donde la política y el poder se subordinan a reglas jurídicas previamente establecidas, no para agradar a académicos circunspectos y observadores internacionales, sino para lo que realmente importa: otorgar estabilidad y predictibilidad a las relaciones económicas que permiten satisfacer las necesidades de las familias.