En una escena que exhibió el deterioro del respeto institucional, Martín Vizcarra participó este miércoles de forma virtual en la audiencia judicial por el pedido de prisión preventiva en su contra. Pero lo hizo con un gesto provocador: lució un polo con el logo del partido Perú Primero, agrupación de la que fue formalmente desafiliado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Su mensaje fue directo y desafiante, como si la justicia no aplicara para él.

El exmandatario, inhabilitado tres veces por el Congreso para ejercer cualquier cargo público —por el caso Vacunagate, por favorecer empresas privadas y por el cierre inconstitucional del Congreso en 2019—, decidió presentarse como activista político, sin que nadie del Poder Judicial le hiciera observar la improcedencia de su vestimenta. Así, quien debería responder por graves delitos de corrupción aprovechó su comparecencia para enviar una señal política, en un acto de evidente desacato simbólico y burla a la autoridad.

El juez Víctor Alcocer, titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, permitió esta nueva afrenta sin formular observación alguna. Más aún, pese a que la defensa de Vizcarra había asegurado que su patrocinado asistiría presencialmente, el magistrado aceptó sin reparos su conexión remota desde la región San Martín. Vizcarra alegó complicaciones logísticas por una notificación tardía y prometió regresar a Lima este jueves para estar en la reprogramación de la audiencia.

Esta audiencia fue convocada para resolver la solicitud de prisión preventiva de seis meses, presentada por la Fiscalía Anticorrupción por actos vinculados a presuntos sobornos cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua. A pesar de la urgencia, el juez suspendió la audiencia por 24 horas, contradiciendo lo que establece el artículo 271 del Código Procesal Penal, que obliga a resolver estos pedidos en un plazo máximo de dos días. El Ministerio Público, por su parte, rechazó cualquier nueva postergación y recordó que Vizcarra ya incurrió en maniobras dilatorias en el pasado.

En paralelo, su defensa solicitó más tiempo para presentar documentos notariados que acrediten su arraigo domiciliario, en otro intento por debilitar el pedido fiscal y evitar una medida coercitiva que, a estas alturas, parece inevitable. Vizcarra no solo acumuló inhabilitaciones constitucionales, sino que también dejó una estela de incongruencias éticas. Dice “colaborar con la justicia”, pero aparece con los símbolos de un partido cuestionado, cuyas firmas para su inscripción electoral resultaron no válidas. Mientras el juez le concede más tiempo, él aprovecha cada resquicio legal para enviar señales políticas.