Gremios de transporte de Lima y Callao anunciaron un paro de 24 horas para el martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones y ataques que afecta al sector y ante la falta de respuestas del Gobierno. Los dirigentes aseguran que la medida será respaldada por 11 organizaciones que, en conjunto, representan más del 80% del servicio regular de transporte urbano en la capital y el primer puerto.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano, señaló que la decisión fue adoptada luego de reiterados pedidos para sostener una reunión con la presidenta de la República, Keiko Fujimori, sin obtener respuesta. El dirigente indicó que los transportistas buscan conocer cuáles serán las políticas de seguridad que implementará el Ejecutivo para enfrentar los ataques contra conductores y empresas.

La medida ha sido denominada “apagado de motores” y, según Vargas, no contempla actos de confrontación ni disturbios. La protesta alcanzaría a los distintos distritos de Lima y Callao. El dirigente sostuvo que los empresarios del transporte quieren continuar trabajando, pero reclamó condiciones de seguridad que les permitan desarrollar sus actividades sin temor a ser víctimas de extorsión o violencia.

Martín Ojeda, representante del gremio de transportistas, también cuestionó la situación de inseguridad y señaló que la falta de conductores viene afectando la operatividad de los buses. Asimismo, los dirigentes criticaron el denominado Plan Escudo implementado por el Ejecutivo, al considerar que las medidas anunciadas no constituyen una respuesta nueva frente a los ataques. Advirtieron que la presencia policial en patios de maniobra resulta insuficiente porque buena parte de las agresiones ocurre durante los recorridos.

Entre las empresas que participaron en anteriores paralizaciones por motivos de inseguridad estuvieron El Rápido, Etupsa, Huáscar y La 50. Sin embargo, los dirigentes precisaron que todavía no existe una relación definitiva de todas las empresas que acatarán la medida del 25 de agosto. La jornada de protesta dependerá también de las eventuales conversaciones con el Gobierno y de las respuestas que el Ejecutivo pueda ofrecer frente a las demandas del sector.