Escrito por Juan Carlos Suttor

Este artículo probablemente provocará la molestia de muchos lectores, sobre todo la de aquellos que se han dejado encandilar con el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele y de los que, de acuerdo con su conveniencia, prefieren obviar lo que dice su Constitución Política.

Pero cuando uno tiene principios, está en la obligación de defenderlos.

Sin duda "el éxito" más sonado de la gestión de Bukele ha sido su guerra contra las pandillas. La Mara Salvatrucha, organización terrorista ​​internacional de pandillas criminales, originada en Los Ángeles, Estados Unidos, cuyas actividades incluyen violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinatos por encargo, entre otras.

Para lograr su objetivo, sin embargo, y blandiendo denuncias de supuesto bloqueo a su agenda de gobierno, en febrero 2020 tropas del Ejército Nacional irrumpieron en el edificio legislativo durante una sesión extraordinaria con el objetivo de forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar el plan de Bukele contra el crimen. ¿Es este un método constitucional, democrático?

Luego, tras la llegada de la pandemia de COVID-19, dado que la Asamblea, con competencia exclusiva para declarar el estado de emergencia, se negó a extenderlo en el mes de mayo de 2020 y haciendo caso omiso, el Poder Ejecutivo decretó la prórroga y, con ello, la restricción al derecho a circular o reunirse, entre otros. La controversia escaló a la Sala de lo Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la medida y de otros decretos derivados, pese a lo cual el gobierno persistió en la misma línea de acción. ¿Eso no es una violación de la Constitución salvadoreña?

Los resultados de las elecciones legislativas de febrero 2021 introdujeron un nuevo giro en la relación entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea. Con un discurso centrado en la crítica a la “vieja política” y sus intentos desestabilizadores, el partido del presidente logró una aplastante victoria al imponerse con más del 70% de los votos. En la práctica, esto implicó que el oficialismo cuente con mayoría propia y mayoría calificada con el apoyo de sus aliados.

Fortalecido legislativamente, no tardaron en verse nuevas señales de erosión del sistema de pesos y contrapesos institucionales. Tan pronto los nuevos asambleístas tomaron posesión de sus curules votaron a favor de destituir a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General. 

El argumento fue que los magistrados habían actuado “contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”, en una clara referencia a los fallos que revocaron los decretos presidenciales vinculados a la cuarentena. La remoción del fiscal general se justificó por sus supuestos vínculos con el partido opositor, lo que afectaría su imparcialidad e independencia.

Algunos otros hechos posteriores terminan de oscurecer el cuadro de la situación general en El Salvador y que nos muestran más a una dictadura que a una democracia:

1. El 4 de junio de 2021, se dieron por terminadas en forma abrupta las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), creada mediante un acuerdo con la OEA de septiembre de 2019. 
2. El 31 de agosto la Asamblea aprobó una nueva Ley de la Carrera Judicial que jubila automáticamente a jueces que tengan más de 60 años o más de 30 de carrera. Según medios locales, esto alcanzará a más de 200 magistrados, lo que equivale a un tercio de los jueces del país.
3. En la misma sesión se sancionó una Ley de Reforma a la Fiscalía General que contempla la posibilidad de traslado temporal o permanente de miembros de la carrera fiscal “por razones justificadas de conveniencia del servicio”, lo que fue interpretado como un mecanismo para redireccionar a aquellos funcionarios de la entidad que fueran potencialmente adversos a los intereses del gobierno. Es importante mencionar que el ex Fiscal General, antes de ser destituido, investigaba múltiples denuncias por corrupción en distintos ministerios.
4. El 21 de septiembre la Asamblea Legislativa eligió a los nuevos integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), institución encargada de seleccionar jueces ante la Corte Suprema de Justicia, quienes, a su vez, eligen a los titulares de los juzgados de menor rango en la pirámide judicial.

¿Por qué podría hacerlo?

Pues por las mismas razones que pudieron postular a la reelección y/o re-reelección los expresidentes Evo Morales y Alberto Fujimori: Tinterilladas o trampas legales para sacarle la vuelta a sus constituciones políticas con, entre otros, "interpretaciones auténticas", que se dieron y que se dan con la ayuda de instituciones sumisas al gobierno de turno —en el caso de Perú, y sus equivalentes en El Salvador y Bolivia, el Tribunal Constitucional, el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, el RENIEC y el Congreso—, entidades plagadas de corruptos e inmorales, con muy, pero muy pocas excepciones.

Estimado lector, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No nos dejemos engañar por los cantos de sirena del populismo de derecha o de izquierda y sus "logros" de corto plazo. Los personajes antes mencionados y otros más en la región y el resto del mundo se ven seducidos por el poder y por los aplausos que les otorgan los ignorantes, la masa y los que no son ignorantes y se hacen de la vista gorda ante el pisoteo evidente de las constituciones políticas.

Y hacerse de la vista gorda fue haber aplaudido el inconstitucional cierre del Congreso —un golpe de estado— que hizo el lagarto Vizcarra el 30 de setiembre de 2019.

Y hacerse de la vista gorda también, ha sido aprobar la inconstitucional ley aprobada por el Congreso para que la presidente Dina Boluarte pueda despachar de manera remota desde el extranjero, lo cual podría significar su vacancia en caso de salir del país.