El Congreso de la República formalizó y publicó la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR, con la que queda oficialmente inhabilitada por diez años la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela. La sanción impide que ejerza cualquier función pública durante dicho periodo y se concreta luego de que el Pleno aprobara por reconsideración la medida, superando así el resultado inicial que no alcanzó los votos para proceder.

Con la publicación, el proceso queda cerrado administrativamente y pasa a ejecutarse de manera inmediata. Espinoza, en su intervención ante el Parlamento antes de la votación final, calificó la acusación como arbitraria y afirmó que responde a denuncias previas presentadas por ella contra varios congresistas. Sostuvo que, pese a la sanción, insistirá en una eventual reposición: “Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar”, expresó.

El caso deriva del informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual concluyó que Espinoza habría incurrido en infracción a los artículos 45, 93 y 139 de la Constitución al promover acciones que afectaron competencias del Parlamento. La investigación, sustentada en denuncias de los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto, descartó extremos penales, pero recomendó la inhabilitación por una década.

El texto legislativo consigna además que durante el proceso se respetaron el derecho de defensa, los plazos y las fases de audiencia previstas por el reglamento. El informe señala que la fiscal emitió la resolución 2246-2024-MP-FN en términos contrarios a la Ley 32130, lo que sustentó el dictamen final aprobado por la Comisión Permanente y posteriormente ratificado por el Pleno.

La resolución fue dada en Palacio Legislativo el 4 de diciembre de 2025 y ordena su publicación, archivo y cumplimiento efectivo. Con ello, queda formalmente ejecutada la sanción y Espinoza fuera del ejercicio público hasta el 2035, a la espera de las vías constitucionales o judiciales que anunció que continuará explorando.