La Policía Nacional del Perú y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte han señalado que las protestas antigubernamentales podrían estar relacionadas con el grupo terrorista Sendero Luminoso o influencias subversivas, apuntando ahora hacia Irán.

El coronel Max Anhuamán, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), afirmó en una entrevista que el dirigente antiminero Edwar Quiroga Vargas "captó jóvenes y los envió a Irán a estudiar la religión islámica". Aunque Anhuamán no proporcionó detalles concretos, mencionó que "los jóvenes que han regresado son quienes lideran las protestas sociales en Huancavelica y otros lugares".

En respuesta, algunas redes sociales han generado comentarios irónicos, comparando la situación con grupos extremistas como Hamás, ISIS y los talibanes.

Las movilizaciones entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 resultaron en 67 muertes, 49 de las cuales ocurrieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

La Policía sostiene que actúa dentro de los derechos humanos, pero Anhuamán subrayó la necesidad de un cambio en las leyes para abordar protestas de este tipo.