La Corte Suprema de Justicia rechazó un nuevo recurso presentado por el expresidente Pedro Castillo, quien buscaba archivar la investigación en su contra por el delito de rebelión, relacionado con el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.

El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se pronunció en contra de la excepción de improcedencia de acción presentada por la defensa legal de Castillo.

El juez señaló que la investigación no se centra en el hecho de que Castillo haya sido presidente de la República o que haya pronunciado un mensaje a la Nación el 7 de diciembre de 2022, sino en la presunta conspiración y disolución inconstitucional del Congreso de la República, así como en la instauración de un estado de excepción en el Perú.

Según el magistrado, Castillo y sus coprocesados habrían aprovechado su condición de mandatario y jefe supremo de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo dichos actos.

La defensa de Castillo argumentó que el mensaje a la Nación no constituye el delito de rebelión, ya que no hubo un alzamiento armado. El abogado incluso mencionó que la destitución de Castillo por parte del Congreso tras el golpe de Estado pudo ser "quizás la medida correcta", pero que no justificaba un procesamiento penal contra el exmandatario.

Por su parte, la fiscalía sostuvo que sí hubo rebelión y conspiración, ya que Castillo habría coordinado el golpe de Estado con otras personas y establecido un Gobierno de excepción en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

El juez Checkley determinó que no era necesario determinar si los actos cometidos por Castillo constituyen o no delito, sino que la hipótesis fiscal de rebelión se ajusta a los hechos. Consideró que la imputación fiscal sí configura este delito, ya que Castillo Terrones era jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en su mensaje a la Nación habría atentado contra el orden constitucional y los poderes del Estado.