La Corte Suprema de Justicia ordenó el embargo de bienes pertenecientes a Pedro Castillo y Aníbal Torres, tras declarar fundadas las solicitudes presentadas por la Procuraduría General del Estado.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, bajo la autoridad del juez Juan Carlos Checkley, ha dispuesto la inscripción e inhibición de propiedades de ambos imputados.

En el caso del expresidente Castillo, se han embargado cuatro propiedades ubicadas en Anguía (Chota-Cajamarca) y el pueblo de Tacabamba. Por su parte, el ex primer ministro Aníbal Torres enfrenta el embargo de nueve bienes, que incluyen ocho inmuebles en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo valorado en 20 mil dólares.

Entre las propiedades de San Isidro se encuentran dos estacionamientos con un valor de 15 mil dólares y un departamento con un valor de 23 mil 800 dólares.

Estas medidas se toman en el marco de la investigación por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado.

La Procuraduría General del Estado solicitó una reparación civil de S/67′711,048 debido al golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022, en el cual Pedro Castillo tuvo un papel relevante al anunciar el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia, mientras que Aníbal Torres y otros también se habrían implicado en esa ilegal decisión.