Organizaciones políticas con miles de firmas falsas y afiliaciones cuestionadas podrán participar en las elecciones generales de 2026, debido a que los plazos legales impedirán al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anular sus inscripciones.

Aunque existen herramientas jurídicas como la Ley del Procedimiento Administrativo General, los tiempos para ejecutar las pericias necesarias y acreditar los fraudes no alcanzarán antes de que venza el plazo legal de dos años desde la inscripción de cada partido.

Agrupaciones como Perú Primero, del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra, Primero la Gente, Perú Moderno, PRIN, Demócrata Verde y Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, acumulan más de 50 mil registros inválidos reportados por el Reniec. Aun así, ninguna quedará fuera de la contienda electoral, pues en muchos casos los plazos ya vencen en junio y julio de este año, y no existe un proceso administrativo que permita anular sus inscripciones a tiempo.

Renovación Popular solicitó que el JNE anule de oficio la inscripción de estas agrupaciones por tratarse de hechos graves. Sin embargo, el especialista en temas electorales José Tello advirtió que el volumen de pruebas requeridas hace inviable esa posibilidad. Según explicó, no basta con denuncias o reportes públicos, sino que se necesitan pericias grafotécnicas que no se pueden concluir en tan poco tiempo, por lo que ve imposible retirar a estas organizaciones antes del proceso electoral.

Tello agregó que en su momento el propio JNE validó las inscripciones al no detectar irregularidades, por lo que ahora no tiene base suficiente para declarar una nulidad. Aun así, señaló que la vía judicial sigue disponible para cualquier ciudadano que desee solicitarla, aunque un eventual fallo tampoco evitaría la participación de los partidos en las elecciones ya convocadas.

Frente a esta situación, el presidente del JNE, Roberto Burneo, reconoció en el Congreso que el marco legal actual impide sancionar con oportunidad a los partidos que cometieron fraude en sus inscripciones. Como alternativa, el ente electoral ha presentado un proyecto de ley que permitiría anular inscripciones por firmas falsas, aunque esta norma no tendría efecto retroactivo y deberá ser debatida por la Comisión de Constitución.