Osinergmin solicitó a diversas entidades del Estado agilizar las diligencias pendientes relacionadas con la investigación de la deflagración ocurrida el pasado 1 de marzo en el sistema de transporte de gas de Camisea, en el distrito de Megantoni, Cusco. El organismo supervisor informó que no puede cerrar el análisis técnico del caso debido a que el Ministerio Público aún no autoriza evaluaciones especializadas sobre piezas metálicas retiradas de la tubería afectada.

Ante esta situación, Osinergmin recurrió a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Ministerio de Energía y Minas y a la Defensoría del Pueblo para solicitar que se aceleren las acciones fiscales necesarias. Según explicó la entidad, las muestras metálicas permanecen inmovilizadas en Lurín desde el 26 de marzo y son fundamentales para determinar las causas exactas del incidente y establecer posibles responsabilidades.

La deflagración se registró en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43 del sistema Camisea y provocó la paralización temporal del transporte de gas natural y líquidos de gas natural. Osinergmin indicó que la investigación técnica se encuentra prácticamente concluida, aunque todavía falta realizar pruebas de laboratorio consideradas indispensables para culminar el proceso de fiscalización.

El organismo supervisor precisó que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Convención aún no dispone las diligencias necesarias para continuar con la evaluación técnica especializada. Debido a ello, el cierre de uno de los casos energéticos más sensibles del año continúa pendiente, mientras las autoridades buscan definir las medidas que corresponderían aplicar conforme a ley.

Osinergmin recordó además que ya emitió tres informes técnicos sobre el caso Camisea. Uno de ellos concluyó que el concesionario no acreditó condiciones excepcionales para justificar una prórroga por fuerza mayor, mientras que otros reportes detectaron incumplimientos vinculados al suministro de gas natural entre el 1 y el 13 de marzo de 2026. Los documentos fueron remitidos al Ministerio de Energía y Minas para que adopte las acciones correspondientes dentro de sus competencias.