El ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, respondió con firmeza a las amenazas recibidas por la fiscal Margarita Haro Pinto, quien investiga a la organización criminal ‘Los Pepes’ en San Juan de Lurigancho. El titular del sector acudió personalmente al distrito para expresar su respaldo a la magistrada y anunciar medidas concretas de protección, asegurando que el Gobierno no permitirá ningún intento de amedrentamiento contra las autoridades.

“Doctora, usted no está sola. Aquí está el ministro del Interior en representación del señor presidente de la República”, expresó Tiburcio durante una conferencia de prensa en la que también reafirmó la coordinación entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Señaló que esta alianza ha sido clave para enfrentar grandes amenazas en el pasado, como el terrorismo, y que hoy debe mantenerse firme frente al crimen organizado.

El ministro adoptó un tono enérgico al referirse a las bandas criminales que buscan intimidar a las autoridades judiciales. “Nos han declarado la guerra. Vamos por la guerra. Aquí no retrocedemos y no retrocederemos jamás frente a las amenazas”, advirtió. Añadió que el principio de autoridad debe hacerse respetar “en todos los niveles” y que no habrá espacio para la impunidad ni para la intimidación.

Vicente Tiburcio enfatizó que el presidente José Jerí está plenamente informado del caso y ha dado instrucciones para garantizar la seguridad de todos los funcionarios que ejercen la acción penal. “Tengan la seguridad de que este Gobierno les brindará todo el apoyo necesario para que puedan cumplir su función con total independencia”, señaló, reiterando que ninguna amenaza logrará debilitar la lucha contra el crimen.

La fiscal Margarita Haro Pinto había denunciado días atrás que estaba siendo víctima de extorsión por parte de la organización criminal ‘Los Pepes’, liderada por un sujeto conocido como ‘Colocho’. Según su testimonio, el objetivo de las amenazas es frenar las investigaciones del caso ‘Los Chukis’, en el que se encuentran implicados varios integrantes de dicha banda. La denuncia ha generado solidaridad institucional y un llamado del Gobierno a reforzar la seguridad de todos los fiscales en zonas de alto riesgo.