La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, afirmó que existe una organización criminal en el fondo Mivivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, que se habría instalado en gestiones anteriores.

Una de las evidencias más concretas sería el caso de corrupción que involucra a la empresaria Sada Goray, quien admitió ante la Fiscalía haber pagado una coima de 4 millones de soles al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo para acceder a fondos para proyectos de vivienda.

Pérez de Cuéllar subrayó la hipótesis del Ministerio Público que sostiene que en el fondo Mivivienda se instaló una red criminal, y que podría haber otros casos además del de Goray.

Por consiguiente, la ministra aseguró que una primera decisión fue la de renovar todo el directorio y la plana dirigencial, entre los que se encuentran quienes toman las decisiones estratégicas de cómo debe operar el fondo.