Más de 1,800 obras públicas en el país están actualmente paralizadas, por un valor total estimado de S/24,090 millones. Según Elías Tapia, presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, una parte importante de esta problemática se debe a la actual Ley de Contrataciones del Estado.

Esta normativa, en vigor desde hace 25 años, ha generado deficiencias en la elaboración de diseños y expedientes técnicos, lo que ha contribuido a la paralización de proyectos, según Tapia.

El problema se originaría en la insuficiencia de la compensación económica para la elaboración de diseños. La ley peruana establece un pago de entre 0.6% y 1% del monto total de la obra por esta tarea, mientras que en otros países de Latinoamérica el promedio mínimo es del 3%, en España es del 5% y en Europa llega al 15%.

Debido a esta baja remuneración, empresas serias optan por abstenerse de participar en los proyectos, ya que el monto no permite llevar a cabo estudios de alta calidad.

Elías Tapia señaló que este panorama ha llevado a consultores sin experiencia a ingresar al mercado de contrataciones públicas, elaborando expedientes técnicos que a menudo no cumplen con los requisitos necesarios.

Para abordar esta situación crítica, se ha programado el Congreso Nacional de Ingeniería de Consulta, que tendrá lugar el 19 de agosto. En este evento, expertos en ingeniería, gerentes de proyectos, consultores y constructores analizarán la problemática y propondrán soluciones que serán presentadas al Congreso de la República con el objetivo de modernizar la Ley de Contrataciones del Estado y mejorar la situación en el sector de obras públicas.