Escrito por Juan Carlos Suttor

Perú se encuentra en un momento crucial en su historia, donde la urgencia de reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia se hace evidente. A lo largo de los años, estos pilares fundamentales del sistema legal peruano han enfrentado desafíos significativos que han erosionado la confianza pública y socavado la efectividad de la justicia. La corrupción, las demoras en los procesos, la falta de transparencia y la necesidad de modernización son algunos de los problemas que exigen una acción inmediata para restaurar la integridad y la eficiencia en el sistema judicial del país.

Uno de los problemas más apremiantes que requieren atención urgente es la corrupción dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público. La corrupción socava la esencia misma de la justicia, minando la confianza en la imparcialidad del sistema. Casos de jueces y fiscales involucrados en actos de corrupción han salido a la luz, generando indignación y cuestionamientos sobre la integridad de las instituciones judiciales. La reforma debe abordar medidas para erradicar la corrupción desde sus raíces, implementando sistemas de supervisión más rigurosos, promoviendo la rendición de cuentas y fortaleciendo los mecanismos de denuncia.

Las demoras en los procesos judiciales y en las investigaciones fiscales, como pueden ser los casos Cuellos Blancos del Puerto o Lava Jato, representan otro desafío significativo que impacta la eficacia del sistema legal. Los procedimientos prolongados pueden resultar en la impunidad, ya que los casos se quedan sin resolver durante largos periodos, dejando a las víctimas sin justicia y permitiendo que los infractores evadan las consecuencias. La reforma debe centrarse en agilizar los procesos judiciales, implementando medidas para reducir la congestión de casos, mejorar la eficiencia en la tramitación de los procedimientos y establecer plazos realistas para la resolución de casos.

La falta de transparencia también ha contribuido a la crisis de confianza en el sistema judicial peruano. La opacidad en la selección de jueces y fiscales, gracias a la mediocre y también corrupta Junta Nacional de Justicia (JNJ), los procedimientos judiciales y las decisiones finales alimenta la percepción de favoritismo y falta de imparcialidad. La reforma debe abogar por una mayor transparencia en todas las etapas del proceso legal, desde la selección de jueces y fiscales hasta la publicación de decisiones judiciales. La divulgación de información relevante y la rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza pública y garantizar la integridad del sistema judicial.

Como bien se mencionaba en El Montonero la semana pasada, "la provisionalidad (de los jueces) es el rostro más evidente del fracaso del sistema de justicia en el Perú, de la estrepitosa inoperancia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la urgencia de desarrollar reformas constitucionales de parte del Congreso. A estas alturas se puede afirmar lo siguiente: no existirá democracia en el Perú si es que no se reforma la justicia nacional".

Además, la necesidad de modernización en el Poder Judicial y el Ministerio Público es un componente esencial de cualquier reforma exitosa. La adaptación a los avances tecnológicos, la simplificación de procesos y la capacitación del personal son imperativos para mejorar la eficiencia y la efectividad del sistema. La implementación de herramientas tecnológicas modernas sin duda puede agilizar la gestión de casos, facilitar el acceso a la información y mejorar la comunicación entre las diferentes instancias judiciales.

El acceso a la justicia es otro aspecto crucial que debe abordarse en el proceso de reforma. Los sectores más vulnerables de la sociedad a menudo enfrentan barreras para acceder al sistema judicial, ya sea debido a la falta de recursos, la complejidad del proceso legal o la falta de información. La reforma debe garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a la justicia, implementando medidas que faciliten la participación de todas las partes, independientemente de su posición socioeconómica.

La independencia judicial, que actualmente no existe, es un pilar fundamental de cualquier sistema legal sólido. La reforma debe fortalecer la independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público, asegurando que estén libres de influencias externas y políticas. La autonomía de estas instituciones es esencial para garantizar que las decisiones judiciales se tomen de manera imparcial y sin presiones indebidas.

Lamentablemente tanto el Poder Judicial, como el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia se encuentran tan politizados que se encuentran enfrentados entre ellos y enfrentados con el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Recordemos, antes de la dictadura del general Juan Velasco (1968-1975), el Congreso, con dos cámaras, se encargaba de nombrar a los magistrados supremos de acuerdo a listas elaboradas en base a la antigüedad y méritos. Y el Ejecutivo nombraba a los magistrados de primera y segunda instancia. El mencionado sistema funcionó adecuadamente hasta las modificaciones de la dictadura militar.

El riesgo de este modelo siempre fue la politización. Sin embargo, ¿cuándo hubo más politización? ¿Antes o ahora? La fracasada Junta Nacional de Justicia acaba de suspender a una fiscal de la Nación porque le dio la gana. No existe teléfono ni chats que prueben los delitos imputados; sin embargo, la exfiscal de la Nación Patricia Benavides ya no está en el cargo.

La congresista Gladys Echaíz, exfiscal de la Nación, una excepción entre nuestros parlamentarios, como muy pocos otros, ha presentado a nombre de Renovación Popular, un proyecto de ley de reforma constitucional para modificar la estructura del sistema de justicia del país, que entre otras propuestas, crea la Escuela Nacional de la Magistratura como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal; además, para mejorar la competencia profesional e incentivar las actitudes y aptitudes de los magistrados, para avalar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente. Ojalá su propuesta sea debidamente debatida y que se apruebe la mejor propuesta.

En conclusión, la urgencia de reformar el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia en Perú es innegable. La corrupción, las demoras en los procesos, la falta de transparencia, la necesidad de modernización y los problemas de acceso a la justicia son desafíos que exigen una acción inmediata. Una reforma integral y coordinada, que aborde estos problemas de manera efectiva, es esencial para restaurar la confianza pública, garantizar la justicia para todos los ciudadanos y fortalecer la democracia en el país. La sociedad peruana espera y merece un sistema judicial que sea transparente, eficiente e imparcial, y la implementación de reformas significativas es el camino hacia esa meta.