El Poder Judicial revocó la sentencia que favorecía al congresista José Luna Gálvez, líder del partido Podemos Perú, y que había anulado tres investigaciones fiscales en su contra. Con esta decisión, las indagaciones del Ministerio Público continúan su curso, luego de que una sala constitucional declarara improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa.

La resolución fue emitida por la Segunda Sala del Primer Juzgado Constitucional de Lima, que evaluó la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra el fallo de primera instancia del 24 de abril. En esa ocasión, un juzgado había aceptado el recurso legal del parlamentario, argumentando presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Sin embargo, los magistrados de segunda instancia consideraron que no existe una amenaza concreta contra su libertad individual que justifique la intervención constitucional.

Según el fallo, el pedido de Luna Gálvez pretendía que un juez constitucional resolviera sobre asuntos de índole penal, lo cual excede su competencia. La sala sostuvo que no se observó ninguna “arbitrariedad manifiesta” en las investigaciones fiscales que permita anularlas por vía de hábeas corpus. "Las indagaciones buscan reunir elementos de convicción para esclarecer los hechos y adoptar la decisión correspondiente", señala el documento judicial.

El recurso fue presentado por el abogado Miguel Ángel Soria el pasado 20 de enero. Las tres investigaciones cuestionadas están relacionadas con hechos que involucran supuestos actos de corrupción y organización criminal. La primera está vinculada al caso Lava Jato, por una transferencia de la desaparecida Universidad Telesup al exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, entre 2012 y 2015. La segunda se refiere a un pago de S/ 912 mil a Iván Noguera, exintegrante del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura.

El tercer proceso apunta a Luna Gálvez como presunto cabecilla de una red que habría pagado a tres miembros del CNM para influir en la designación del jefe de la ONPE, facilitando la inscripción de su partido político. Con la decisión del Poder Judicial, el congresista queda nuevamente bajo el foco del Ministerio Público, que continuará las diligencias para determinar su posible responsabilidad penal.