El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la sanción impuesta a Juntos por el Perú por irregularidades detectadas en el financiamiento de su campaña para las Elecciones Generales de 2021. La decisión se produce en medio de los cuestionamientos que viene formulando el líder de la agrupación, Roberto Sánchez, contra diversas instituciones vinculadas al proceso electoral de la segunda vuelta presidencial de 2026.

La resolución ratificó la multa de 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/176.550, que había sido aplicada previamente por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Asimismo, se mantuvo la reducción del 10% del financiamiento público directo que recibe el partido político.

Según determinó el máximo organismo electoral, se acreditó la existencia de 17 aportes observados durante la campaña. De estos, 16 fueron desconocidos por las personas que figuraban como aportantes, mientras que otro aparecía registrado a nombre de una ciudadana que había fallecido antes de la fecha en que supuestamente realizó la contribución económica.

Durante el procedimiento, Juntos por el Perú presentó diversos argumentos para dejar sin efecto la sanción. Entre ellos, sostuvo que parte de la documentación del expediente era ilegible y que ello afectaba su derecho de defensa. Sin embargo, el JNE concluyó que la organización tuvo pleno conocimiento de los cargos formulados y que incluso presentó observaciones específicas respecto de los aportes cuestionados.

El tribunal también rechazó el argumento de prescripción planteado por la agrupación y señaló que los hechos constituían una infracción continuada. Además, remarcó que los partidos políticos tienen la obligación de verificar el origen de los recursos que reciben y de acreditar su procedencia. La decisión representa un nuevo revés para Juntos por el Perú en medio de la actual disputa electoral, luego de que recientes recursos promovidos por la organización para cuestionar resultados y votos del proceso de segunda vuelta también fueran desestimados por las autoridades electorales.