El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) propondrá una reforma legal para permitir la suspensión o nulidad de la inscripción de partidos políticos que hayan incurrido en el uso de firmas falsas o afiliaciones indebidas.

El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Roberto Burneo, durante su presentación ante la Comisión de Constitución del Congreso, donde compareció junto a la jefa del Reniec, Carmen Velarde, en medio del escándalo por presuntas irregularidades en los padrones partidarios.

Burneo explicó que el actual marco legal impide sancionar a las agrupaciones políticas una vez iniciado el proceso electoral, por lo que incluso aquellas que usaron prácticas fraudulentas para inscribirse no enfrentan restricciones para participar en las elecciones generales del 2026. Por ello, el JNE trabaja en una propuesta normativa que permita anular o suspender el registro de estas organizaciones si se comprueba que utilizaron afiliaciones no consentidas o firmas de un mismo puño gráfico.

Durante su exposición, Burneo reveló que entre enero y mayo de 2025 se registraron 1.533 pedidos de desafiliación de ciudadanos que detectaron haber sido inscritos sin su consentimiento. Además, se han identificado 159 denuncias de firmas presuntamente falsificadas, de las cuales 118 corresponden a partidos políticos y 41 a movimientos regionales. Pese a ello, los representantes del JNE y del Reniec evitaron hacer autocrítica o asumir responsabilidades por la filtración de fichas fraudulentas en sus sistemas.

El presidente del JNE también exhortó al Congreso a reconsiderar las reformas recientes que debilitaron la capacidad de fiscalización de su entidad, y planteó restablecer la responsabilidad penal para las organizaciones políticas como personas jurídicas. Sostuvo que los fundadores, dirigentes o personeros que avalaron estas prácticas deben enfrentar consecuencias legales y políticas por permitir el uso de identidades falsas en el proceso de inscripción.

Por su parte, Carmen Velarde señaló que el problema radica en los mecanismos de verificación actuales y propuso implementar validaciones biométricas para corroborar la identidad de los más de 2.4 millones de afiliados registrados entre 2021 y 2025. Además, responsabilizó al Ministerio Público por no haber investigado adecuadamente las denuncias enviadas por su institución en años anteriores. Mientras tanto, en el Congreso, varias bancadas cuestionaron la falta de acciones preventivas por parte de los entes electorales y criticaron que se pretenda responsabilizar a los partidos sin un debido proceso.