El asesinato de 13 mineros artesanales en la provincia de Pataz, en La Libertad, ha desatado una ola de indignación a nivel nacional. Para el partido político Integridad Democrática, liderado por Wolfgang Grozo, este crimen refleja no solo el avance del crimen organizado en el país, sino también la absoluta inoperancia del actual Gobierno.

A través de un comunicado, el partido ha señalado directamente la responsabilidad política del primer ministro Gustavo Adrianzén y ha exigido su inmediata renuncia o censura.

Entre las propuestas planteadas, Integridad Democrática pide extender el estado de sitio a todo el corredor minero de la sierra liberteña —incluyendo Pataz, Santiago de Chuco, Huamachuco, Otuzco y Quiruvilca— por 45 días, con control militar del territorio y una estrategia de intervención que se diseñe en las próximas 72 horas. Además, proponen la remoción de todos los funcionarios encargados de la gestión del estado de emergencia en dicha zona, incluidos mandos policiales, militares y fiscales, y la creación de un comando unificado bajo liderazgo de un oficial altamente calificado.

Otra medida clave es la implementación de fiscalías y juzgados itinerantes especializados en minería ilegal y crimen organizado, así como la transferencia de los juicios más sensibles a Lima, para garantizar la seguridad de jueces y fiscales. El partido también emplaza al Congreso a aprobar una Ley de Arrepentimiento temporal, que incentive la colaboración de criminales con la justicia a cambio de beneficios legales, además de una amnistía limitada a quienes entreguen voluntariamente armas y explosivos en un plazo de 60 días.

En el ámbito económico, el comunicado demanda la intervención de la SUNAT para fiscalizar en tiempo real las refinerías que procesan oro extraído del corredor minero. Esta acción buscaría romper los vínculos entre la minería ilegal y los canales de comercialización del oro, que actualmente operan con escasa supervisión estatal.

Integridad Democrática remarcó que estas exigencias se hacen en defensa del Estado, no del actual Gobierno, al que acusan de carecer de legitimidad y capacidad para enfrentar la criminalidad desbordada. "¡Alto a la barbarie!", concluye el pronunciamiento, que exige respuestas urgentes y estructurales ante lo que considera una tragedia nacional evitable.