El Ministerio Público solicitó nueve años y cuatro meses de prisión efectiva para el segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. La acusación, presentada por la fiscal Diana Paico Guevara ante el 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, está vinculada con el alquiler de un inmueble en Comas a la Policía Nacional del Perú (PNP), cuando Colchado se desempeñaba como coronel en actividad.

Según la tesis fiscal, el predio pertenecía inicialmente a los padres de Colchado y era alquilado a la PNP desde 2015 para el funcionamiento de la Depincri Comas. Tras el fallecimiento de su padre en 2020, Colchado y sus hermanos se convirtieron en copropietarios del inmueble. La Fiscalía sostiene que esta condición le generaba un impedimento para contratar con el Estado debido a su condición de oficial en actividad. En 2021, Colchado otorgó un poder especial a su madre, Martina Huamaní, para administrar el inmueble y, según la acusación, declaró que su ocupación era “independiente”, lo que habría permitido ocultar su condición de coronel PNP.

La investigación también comprende a Clara Ramírez Benites y al suboficial PNP Víctor Ocmin Vargas, exintegrantes del área de contrataciones de la Policía. La Fiscalía sostiene que ambos elaboraron informes técnicos y cuadros comparativos que permitieron validar la propuesta presentada por la madre de Colchado durante un proceso de contratación directa. El primer contrato, suscrito en 2021, ascendió a S/73.200 por 12 meses, equivalente a S/6.100 mensuales, y posteriormente fue ampliado mediante ocho adendas hasta julio de 2024. Para el Ministerio Público, los documentos incluidos en el expediente permitían advertir la copropiedad de Colchado sobre el inmueble y el supuesto impedimento para contratar con el Estado.

Por el delito de negociación incompatible, la Fiscalía solicita para Colchado cinco años y cuatro meses de prisión como cómplice primario, mientras que por falsedad ideológica pide otros cuatro años, alcanzando los nueve años y cuatro meses de pena efectiva. Asimismo, requiere el pago solidario de S/100.000 de reparación civil por negociación incompatible y S/50.000 adicionales por falsedad ideológica. Colchado, Ramírez y Ocmin afrontan actualmente el proceso bajo comparecencia simple. El Ministerio Público también incorporó resoluciones que acreditan que Colchado permanecía en actividad, partidas registrales, contratos y adendas, además de declaraciones de su madre sobre la administración del arrendamiento.

Colchado rechazó la acusación y sostuvo que carece de “debido sustento y fundamento legal”. En una declaración previa ante la Fiscalía, afirmó que nunca tuvo injerencia en los contratos de alquiler administrados por su madre y que el arrendamiento del inmueble se realizaba desde 2015. Tras conocerse el requerimiento fiscal, el actual diputado también cuestionó que la acusación se haya hecho pública cuando asumió la segunda vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un puesto en la Comisión de Ética. A su juicio, la investigación podría estar siendo utilizada como una herramienta de presión política.

El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, expresó su respaldo a Colchado y sostuvo que los hechos atribuidos “no tienen ninguna relevancia penal”, además de cuestionar el momento en que se presenta la acusación. En sentido contrario, el diputado Leo de Paz, de Renovación Popular, consideró que Colchado debería ser retirado de la Comisión de Ética debido a la investigación. Sobre la continuidad del proceso, el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi señaló que no sería necesaria la intervención del Congreso, pues los hechos investigados son anteriores a la llegada de Colchado al Parlamento y, por ello, no estarían sujetos a inmunidad parlamentaria ni antejuicio.