El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció una profunda reorganización del Sistema Especializado de Lavado de Activos del Ministerio Público, que incluirá el reemplazo de la gran mayoría de fiscales que actualmente integran dicho subsistema. Asimismo, sostuvo que tanto este sistema como el equipo especial Lava Jato fracasaron en el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados y respaldó la reforma integral del sistema de justicia planteada por el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

En declaraciones a Canal N, Gálvez afirmó que muchas de las investigaciones desarrolladas en los últimos años no prosperaron porque, a su juicio, estuvieron sustentadas en hechos que no configuraban delito, mientras que otros casos con elementos suficientes para ser investigados no recibieron la atención correspondiente. "Con mucha pena tengo que reconocer que el Sistema de Lavado de Activos y, especialmente, el desarrollado por el equipo especial Lava Jato, ha sido un total fracaso", manifestó.

Como ejemplo, el titular del Ministerio Público mencionó el caso "Cócteles", cuya investigación contra la hoy presidenta Keiko Fujimori fue anulada por el Tribunal Constitucional. Recordó además que desde 2019 expresó públicamente su desacuerdo con el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre los fiscales del caso Lava Jato y la constructora Odebrecht, al considerar que los hechos atribuidos a los investigados no constituían delito.

Gálvez también cuestionó que, durante el funcionamiento del sistema especializado, algunas investigaciones se convirtieran en instrumentos de persecución política. Según señaló, mientras se impulsaron procesos por hechos que no tenían relevancia penal, otros casos con indicios suficientes de presunto lavado de activos no fueron investigados. En ese contexto, anunció que la renovación comprenderá incluso a fiscales especializados, al considerar que quienes hayan demostrado ineficiencia o falta de transparencia no deben continuar en sus cargos.

Finalmente, el fiscal de la Nación atribuyó parte de la crisis institucional del Ministerio Público a la vigencia de una Ley Orgánica que calificó de obsoleta. Recordó que en una gestión anterior promovió un proyecto para modernizar dicha norma, aunque no fue aprobado por el Congreso. En ese sentido, expresó su respaldo a la reforma del sistema de justicia anunciada por el Ejecutivo, la cual contempla cambios en el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones vinculadas a la administración de justicia.