Los exprocuradores César Azabache, José Ugaz y Luis Vargas Valdivia solicitaron a la presidenta  Dina Boluarte, que observe la norma que limita la colaboración eficaz debido a las graves consecuencias que podría tener en términos de impunidad.

En una carta pública, los exabogados del Estado peruano destacaron que antes de la promulgación de la Ley de Colaboración Eficaz, la lucha contra la criminalidad organizada era frecuentemente infructuosa debido a la dificultad para obtener información interna que permitiera desmantelar y sancionar a estas organizaciones.

Asimismo, mencionaron que, a lo largo de 23 años, esta norma y sus modificaciones han permitido romper con décadas de impunidad en los casos más importantes, a pesar de sus limitaciones.

Los exprocuradores calificaron como inaceptable que un Congreso con un bajo nivel de aprobación y enfrascado en un desmontaje institucional del país busque neutralizar la ley. Además, destacaron que la mayoría de votos a favor de la modificación proviene de miembros de agrupaciones políticas investigadas por actos de corrupción y otros delitos graves.

Advirtieron que acortar los plazos del proceso de colaboración eficaz resultaría inoperante y perjudicaría la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, beneficiando a los integrantes de estas organizaciones en detrimento de los intereses de la mayoría de los peruanos.

Los exprocuradores enfatizaron que, si bien la norma puede mejorarse, esto debe hacerse a través de un esfuerzo serio que involucre un debate técnico con la participación de fiscales, jueces, procuradores, abogados y la academia, buscando soluciones para las dilaciones indebidas y la corroboración y defensa del aspirante a colaborador eficaz.

Cabe mencionar que la propuesta aprobada por el Congreso establece plazos máximos de 8 meses para la solicitud y celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, con la posibilidad de prórrogas justificadas de hasta 4 meses en casos ordinarios y hasta 8 meses en casos de crimen organizado. Además, prohíbe la corroboración de la declaración de un aspirante a colaborador eficaz con la declaración de otros aspirantes.