El exgerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado, fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el delito de peculado doloso agravado, tras comprobarse que se apropió de fondos públicos destinados a las víctimas del incendio ocurrido en enero de 2012 en San Juan de Lurigancho.

La sentencia fue obtenida por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal adjunta provincial Rut Elizabeth Ucañay Arenas.

Durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán, Prado recibió S/ 20 000 provenientes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de la Fundación Lima, con la finalidad de cubrir gastos urgentes como ataúdes, traslados y movilidad de los afectados por la tragedia en el Centro de Rehabilitación Dios es Amor. En lugar de cumplir con este objetivo humanitario, el exfuncionario se apropió del dinero en beneficio propio.

El Ministerio Público detalló que los fondos fueron entregados mediante dos cheques bancarios y que su desvío constituyó un acto de grave responsabilidad penal. La investigación estableció que la apropiación del dinero público no solo causó perjuicio económico, sino que afectó directamente la atención de las familias en situación de emergencia.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia contempla el pago de una reparación civil de S/ 26 000, de los cuales S/ 20 000 corresponden al daño patrimonial y S/ 6000 al daño extrapatrimonial. También se le impuso a Prado una inhabilitación por ocho años para ejercer cualquier cargo público.

Este fallo unánime del Poder Judicial, impulsado por la Fiscalía, se suma a los esfuerzos del Ministerio Público por combatir la corrupción en todos los niveles del Estado, especialmente cuando los recursos públicos debieron aliviar el sufrimiento de poblaciones vulnerables en momentos críticos.